Se acrecienta la desconfianza

En los últimos días, algunos diputados del Partido Patriota han pretendido someter al pleno la discusión de una normativa para la circulación por carreteras libres de obstáculos, conocida como ley de túmulos, la cual lo que menos busca es que sean quitados esos estorbos de las principales arterias. Inicialmente eran incluidos como obstáculos las vallas y barandas, pero estas podían ser autorizadas por el Ministerio de Comunicaciones, lo cual hacía obligado pensar en favorecer a algunas empresas.

La versión actual puede ser otra normativa que tiene otros propósitos aviesos, como lo es la eliminación de los candados al gasto público y por ello la posibilidad de seguir endeudando sin respaldo al país, lo cual es una verdadera irresponsabilidad, así como una ingratitud para las actuales y futuras generaciones. La deuda de arrastre, llamada también flotante, se multiplica de manera alarmante: Alfonso Portillo la dejó en Q800 millones; Óscar Berger, en Q2,755 millones; y Álvaro Colom, en Q5 mil millones. En todos los casos se carecía de la documentación de respaldo.

El Gobierno debe informar a cuánto asciende la deuda al día de hoy, desde enero del 2012. Tal enmienda también fue retirada de la propuesta de ley, porque se notaron cartas marcadas. Es posible que se puedan superar las discusiones que se dieron el año anterior, cuando se pretendía pagar una deuda flotante por más de Q11 mil millones, la cual extraña y rápidamente se redujo a menos de la tercera parte. Esas intenciones de gastar de manera irresponsable en nada contribuyen al fortalecimiento de las instituciones que contratan obra gris.

Debido a ello solo acrecientan la mala imagen de que se promueven proyectos en los que se privilegia el clientelismo y se pretende apuntalar candidaturas políticas cuando los procesos electorales se avecinan, como sucede en la actualidad y que sin duda será aún mayor para el siguiente año, por lo cual los más interesados en impulsar estas propuestas son quienes ahora detentan el poder.

Esas son lecciones que deberían servir como precedente para no insistir en un esquema nefasto para los contribuyentes, porque se incurre en la irresponsabilidad de contratar obra que resulta difícil documentar y, en consecuencia, de pagar responsablemente, porque además la obra pública continúa siendo el principal foco de la corrupción, y de ello pueden ser un buen testimonio proyectos por los que se ha pagado más de una vez o aquellos inexistentes o, peor aún, los que se llevó el río. En esas condiciones, las empresas serias de construcción simplemente no se interesan en participar y de esa manera las obras, aunque terminadas, carecen de calidad.