Inseguridad impacta al agro

La Cámara del Agro (Camagro) denunció que durante el 2013 se incrementaron los hechos delictivos como secuestros, amenazas y retenciones contra sus trabajadores, así como el robo y la destrucción de la propiedad privada, principalmente en el Valle del Polochic y El Estor, en Izabal.

José Santiago Molina, presidente de la Camagro, refirió que los actos delictivos “fueron denunciados en reuniones con el presidente de la República y el Ministerio Público sin tener respuestas ni avances concretos”.

El empresario añadió que cada año las empresas invierten unos US$300 millones en seguridad privada, lo que representa el 12% al 16% del presupuesto de las compañías.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Camagro, explicó: “Esos delitos atentan contra la atracción de la inversión extranjera y nacional”.

Además de Izabal, otros departamentos en donde se han reportado hechos delictivos contra las compañías son Huehuetenango y Alta Verapaz.

La Cámara del Agro demandó, en conferencia de prensa, al presidente Otto Pérez Molina, una política de cero tolerancia a las medidas de hecho y a la corrupción en el 2014.

También pidió no sostener mesas de diálogo con las personas que hayan cometido delitos.

Algunos de los sectores que han reportado casos ante el Ministerio Público son el hule, azúcar, aceite de palma y banano.

Robos y bloqueos

Byron Tobar, presidente de la Gremial de Huleros, refirió que durante el 2013 sus agremiados presentaron 15 denuncias por robo de furgones y del producto en las fincas.

“Del total de casos se han apresado a cinco personas pero los robos se repiten, principalmente en la región sur del país donde se produce el 70% del hule nacional”, afirmó.

En el caso de los ingenios, “se reportan robos en las fincas, robo de combustible, de maquinaria en los cañaverales y también quema ilegal de la caña”, explicóÁlvaro Ruiz, representante de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua).

El ejecutivo agregó que los propietarios de las fincas y trabajadores han sufrido extorsiones.

Ana Clarisa Villacorta, directora ejecutiva de la Asociación de Productores Independientes de Banano (Apib), expresó: “Las entradas a algunas empresas en Izabal fueron bloqueadas por grupos de personas. Nosotros estamos en la disposición de dialogar con los trabajadores y llegar a una solución, pero el bloqueo no es la solución”.

Demandas solicitadas

Al presidente Otto Pérez Molina, la Cámara del Agro solicitó una política de cero tolerancia a las medidas de hecho.

Al ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla, exigieron cumplir con las órdenes de captura y desalojo de los implicados en delitos.

Al Ministerio Público pidieron que públicamente informe el proceso de las investigaciones y órdenes de captura de quienes están involucrados en esos hechos.

A la Comunidad Internacional, que revisen las acciones de las organizaciones a las que ayudan para que el dinero no se use en actos que causen desestabilización.