Cámara del Agro exige cero tolerancia a hechos delictivos

Santiago Molina, presidente de la Camagro, solicitó ayer al Ejecutivo y al Ministerio Público (MP) una política de cero tolerancia con las medidas de hecho que deriven en hechos delictivos. Explicó que a la fecha, hay pocos avances en los casos denunciados ante las autoridades.

 “En Fray Bartolomé se quemó la subestación de la Policía y se mantuvo secuestrada a la familia del Alcalde por protestas contra una planta de palma africana”, ejemplificó el empresario, al resaltar que las familias de productores independientes fueron afectadas por estos incidentes.

 Los gastos anuales en seguridad alcanzan los US$300 millones y tiene un peso entre el 12 y 16 por ciento en los costos de las empresas, expresó. Álvaro Ruiz, técnico del Ingenio La Unión, dijo que, además de robos de maquinaria,  se ven afectados por la toma de fincas y la quema de caña.  Molina agregó que la comunidad internacional debe revisar las acciones de las organizaciones a las que apoyan financieramente, y cancelar la cooperación que brindan a entidades que la utilizan para desestabilizar y cometer actos ilegales.

 Yuri Melini, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social, indicó que respetan la opinión de la Camagro, pero la construcción de la gobernabilidad democrática requiere de la participación de todos.  Explicó que la cooperación es libre y, en la mayoría de los casos, proviene de sectores privados en el extranjero.