Hugo Maul R.
Cada vez es más grande el número de países que promueve el ahorro a largo plazo.
La falta de oportunidades económicas, sumada a la poca creación de empleo formal, a los bajos niveles de ingresos y a la elevada informalidad económica demanda reformas económicas profundas y urgentes. Sin embargo, la mayoría de instrumentos de política económica que han probado funcionar en circunstancias parecidas a las nuestras parecieran estar prohibidas.
Tal es el caso de los incentivos a la inversión, aunque la mayoría de países hagan uso de ellos, incluso hasta países que desconfían profundamente del modelo capitalista, en Guatemala parecieran estar prohibidos para atraer nuevas inversiones y empresas al territorio nacional.
Aunque muchos países hayan encontrado en la promoción de la industria ligera, e intensiva en el uso de mano de obra, un alivio a sus problemas de pobreza y falta de empleo, en Guatemala ningún político se atrevería a tomar acciones en materia laboral para promover el crecimiento de este tipo de actividad económica.
En Guatemala está vedado el uso de instrumentos como el trabajo por tiempo parcial, la contratación de aprendices y la adopción de una política salarial congruente con el nivel de informalidad y las necesidades de empleo.
Aunque Cuba y Camboya, entre otros muchos países, promuevan el uso de zonas de desarrollo, en Guatemala no se puede impulsar la utilización de áreas geográficamente delimitadas para promover nuevas inversiones y proyectos productivos. Lo mismo sucede con los recursos naturales, a pesar de existir modelos de explotación exitosos y sostenibles, en términos ambientales, sociales y financieros, en Guatemala está prohibido promover un modelo de desarrollo basado parcialmente en la explotación de los mismos.
Mientras que para muchos países es una prioridad desarrollar su infraestructura física y su capacidad logística, en Guatemala es una mala palabra hablar de megaproyectos o alianzas público-privadas con este propósito. Cada vez es más grande el número de países que promueven el ahorro a largo plazo y la solidez del sistema previsional mediante el uso de cuentas individuales de ahorro para el retiro.
Mientras tanto, en Guatemala sigue siendo imposible pensar en la reforma del IGSS, no importa cuánto resulte ser el costo fiscal de rescatar el sistema en el futuro; no importa el impacto que una reforma podría tener sobre el ahorro a largo plazo; no importa el costo que tengan que pagar los jubilados.
En pocas palabras, en Guatemala no se puede hacer ninguna reforma que implique la creación de más empleos, la atracción de más inversión, la creación de nuevas empresas, la promoción del ahorro, el fomento de la eficiencia económica, la protección de los derechos de propiedad, etcétera. Todo apunta, tal y como lo corrobora la historia reciente, a que las únicas reformas posibles en Guatemala son las tributarias, siempre y cuando los contribuyentes que ya paguen terminen pagando más. Además, cualquier reforma que implique más gasto público y mayor endeudamiento. Más que un modelo de desarrollo, un callejón sin salida.
Artículo publicado en el diario guatemalteco El Periódico, el día martes 17 de diciembre 2013.
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