PHILLIP CHICOLA

Lider y Patriota han desmantelado el sistema de frenos y contrapesos.

Toda República aspira a dispersar el poder. Para ello, distribuye las funciones del Estado entre un órgano Legislativo, otro Ejecutivo y uno Judicial. Para prevenir que un organismo adopte primacía, y para incentivar la cooperación interorgánica, se establecen frenos y contrapesos cruzados. Entre ellos, el veto presidencial, la interpelación, o la revisión de antejuicios.

También busca generar diferentes jurisdicciones de autoridad, como las municipalidades y entidades autónomas. Y promueve que las elecciones para los órganos del Estado y las instituciones de control no sean concurrentes, o que el modelo eleccionario sea distinto. Con ello, pretende evitar que una sola fuerza política capture las distintas esferas del poder.

En este sentido, Guatemala es una República nominal. Salvo la concurrencia de la elección presidencial, legislativa y del poder local, la división de poderes, los frenos y contrapesos, la descentralización y el uso de distintos modelos eleccionarios están presentes en la Constitución.

Incluso, existen ejemplos de su correcto funcionamiento, aun frente a correlaciones adversas. El más reciente, la no inscripción de Sandra Torres en el 2011. A pesar que la UNE era partido de Gobierno, que contaba con mayoría legislativa, y había electo Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Constitucionalidad (CC), el sistema operó correctamente y denegó la candidatura de la ex primera dama.

No obstante, luego de las elecciones institucionales del 2014, el panorama no luce muy alentador. La institución que más esperanza genera es el TSE, pues a pesar que la elección de magistrados fue por cuotas legislativas, el pleno ha demostrado autonomía frente a los partidos.

En cambio, dados los pactos políticos recientes, el pleno de la CSJ y el nuevo Contralor contarán con menor independencia respecto a los dos partidos favoritos: Patriota y Lider. En el Ministerio Público, aún está por verse el nivel de autonomía respecto al PP; y la prueba de fuego será la voluntad de perseguir la corrupción de la actual administración. En cambio, frente a una victoria de Lider, la Fiscal enfrentará la disyuntiva de ser removida o alinearse con el nuevo Gobierno. Dicho escenario constituye otra afrenta contra los balances republicanos.

Aún así, la mayor amenaza se vislumbra en la CC, que deberá renovarse en marzo del 2015. De entrada, es posible vaticinar que los magistrados designados por el Ejecutivo y Legislativo resultarán afines al nuevo Gobierno. La afinidad de la CSJ con las fuerzas en contienda, genera la posibilidad de un tercer magistrado alineado. Solo faltará esperar el resultado en el Colegio de Abogados y en el Consejo Superior Universitario, instituciones que fácilmente pueden ser cooptadas por los partidos en contienda.

Bajo este panorama, indistintamente de si Lider o PP resulta ganador en los comicios, el sistema de frenos y contrapesos se encuentra debilitado. La cooptación de los órganos de control amenaza el correcto funcionamiento de la República de cara al siguiente Gobierno.