HACE POCOS DÍAS, EL magistrado Luis Arturo Archila, al finalizar la sesión de las comisiones de postulación, hizo algunas consideraciones. Una, la aspiración de quienes, dejando a un lado funciones públicas, privadas y familiares, participaron para lograr una más eficiente administración de justicia. Puso el dedo en la llaga al preguntarse si esos esfuerzos son un mecanismo “adecuado e idóneo”, y expresa “que las buenas intenciones que inspiraron la Ley de Comisiones de Postulación se ven ahora frustradas porque su efecto es totalmente contrario”, pues el sistema “no representa efectivamente una respuesta adecuada a la transparencia y la escogencia de juzgadores” y sólo se puede reformar “desafortunadamente con una reforma constitucional”.
MENCIONAR UNA REFORma constitucional, como dice el magistrado Archila, es desafortunado, como mínimo. Necesita de la Asamblea Constituyente, y solo pensar en convertir a este congreso en una ANC me causa urticaria. Engendrarían una Constitución mala, apegada a intereses sectoriales y politiquerías. Acordar cambios solo en pocos artículos sería risible, porque no sería cumplido, equivaldría a pactar con un delincuente y darle las llaves de la casa para llevarse todo lo viejo y dejar lo nuevo. O se lleva lo nuevo y deja lo viejo, o se lo lleva todo. La Constitución debe ser defendida porque, además, el problema no es de textos constitucionales, sino de gente dispuesta a trabajar en base a valores y con respeto por la historia.
LA CC DETUVO DURANTE un tiempo todo el proceso. Si decide anularlo, se deberían hacer algunos cambios o llegar a pactos inter-sociales, a fin de no caer en el error de esperar un resultado distinto haciendo lo mismo. Existen mecanismos para mantener en funcionamiento el sistema jurídico, para no afectar a miles de ciudadanos a causa de un congelamiento de la actividad jurídica del país, y por eso en la práctica no tienen mucha base los temores de un vacío en esta. Se debe aceptar la verdadera causa de lo ocurrido: el haberse aprovechado otra vez de colocar peones de los ya indicados. Así se hacía antes, pero ahora la sociedad despertó y, aunque parezca raro, unió a los guatemaltecos en su derecho de exigir transparencia al opaco Congreso.
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