Pausa…

La resolución de la Corte de Constitucionalidad emitida en medio de una crisis institucional, de denuncias, acusaciones, inconformidades  y presiones multicolores deja a los sectores sociales organizados  y a quienes presentaron amparos para depurar el proceso, satisfechos hasta hoy, según han declarado, de lo que se logró de parte del Tribunal encargado de interpretar, defender y hacer cumplir la Constitución Política de la República. Dejar en suspenso la elección de los magistrados del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, cuestionadas profusamente y, en consecuencia, suspender de forma temporal la toma de posesión de las nuevas autoridades judiciales, quienes deberían haber tomado posesión hoy, son resoluciones trascendentales para poner en pausa lo actuado.
Mientras tanto, los magistrados de la CSJ deberán, por orden de la CC, continuar hasta que se emita el fallo definitivo.

Y del otro lado del cuadrilátero, que es en  lo que se ha convertido nuestro país, están  personas y sectores que no comparten los criterios de los denunciantes e  interponentes de amparos, entre ellos algunos de los que resultaron electos y que se consideran  afectados con la posibilidad de un fallo definitivo que deje sin efecto todo el proceso. También pertenecen a este grupo una parte del gremio de abogados, señalados de haber participado en  irregularidades, componendas y actos reñidos con la ética, así como algunos miembros de las comisiones de Postulación, aquellos incriminados de no haber actuado de manera transparente y apegada a la legislación vigente. Inconformes estarán también actores externos al proceso que jugaron el vergonzoso papel de intermediarios de intereses espurios.

Para darle otra vuelta a la tuerca, que ya había empezado a apretar, la magistrada Claudia Escobar, elogiada con toda razón por su proceder ético y valiente, ha denunciado intromisiones y presiones en su función jurisdiccional por parte de supuestos enviados de la señora vicepresidenta. Acompañó a su dicho una grabación que asegura sustenta su denuncia.

Y para ajustar, el juez Aguilar también denunció haber recibido presiones de abogados del oficialismo para no desestimar la demanda que la entonces diputada  Baldetti presentó en contra de Sandra Torres. El togado, de todos modos, archivó el caso porque en su criterio, no había delito que investigar.

Una chispa puede empezar un gran incendio y  las condiciones  están dadas para que  las violaciones a la ley, las  irregularidades, la corrupción, el mal proceder, las faltas a la ética que insistentemente se mencionan sobre uno de los organismos del Estado sean condenadas y castigadas. Es una demanda legítima y urgente.

El fortalecimiento de la justicia, en el que la cooperación ha sido tan generosa  con millonarios aportes, la propuesta de reforma constitucional en aspectos relacionados con el sistema de seguridad y justicia que promovieron en el 2011 el Ipnusac, Asíes y la URL y otras iniciativas que apuntaban a ese objetivo, fueron truncadas; los que las han boicoteado deberían estar arrepentidos, pues estamos a las puertas de una situación cuyo final es impredecible.

Esta pausa permitirá un análisis exhaustivo de la CC sobre los hechos y las pruebas que se les pongan a la vista. Pero más allá de esta urgencia, la solución de fondo es necesaria, hay que modificar las reglas de juego, lo cual incluye cambios a la Constitución para encomiar la justicia y no solo satisfacer a los que ganen una contienda. Esta es la oportunidad.

Publicado el 12 de octubre de 2014 en www.prensalibre.com por Ileana Alamilla
http://www.prensalibre.com/opinion/Pausa_0_1228677408.html

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