Presbíteros de Jutiapa

Los sacerdotes del departamento de Jutiapa, con ocasión de los 40 días del asesinato de Everilda Carías y Kimberly Gabriela, madre y sobrina, respectivamente, del P. Raúl Ruano, mediante un comunicado denunciaron la violencia que golpea a la sociedad jutiapaneca. Ese hecho, como tantos otros, “perpetrado por sicarios, personas dementes que aún andan libres, conmovió e indignó profundamente a la sociedad y a las comunidades cristianas, haciéndonos ver hasta dónde es capaz de llegar la perversidad humana al actuar con una saña nunca jamás vista”.

Afirman que “ya son numerosas las familias jutiapanecas que han afrontado, impotentes y con inmenso dolor, esta horrible tragedia como la vivida por la familia Ruano Carías”, al mismo tiempo que manifiestan a las víctimas “su cercanía y solidaridad convertida en oración y en un firme compromiso por apoyar todo esfuerzo orientado a luchar por la justicia para que ningún delito quede impune”.

Al recoger el sentir de las comunidades cristianas y de las familias que sufren las consecuencias de esta ola implacable de terror y muerte, se pronuncian para expresar el derecho que tenemos de vivir en paz, y demandan de las autoridades competentes todo su empeño “para proteger a la persona y a la familia”, de tal modo que se garantice a todos los ciudadanos “la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral” (Constitución de Guatemala Art. 1 y 2).

Denuncian el “deficiente desempeño de los organismos y personas responsables localmente de la investigación penal y persecución de los autores del delito”, pues, no se esfuerzan por verificar otras hipótesis con tal de hacer una investigación seria, creíble y objetiva, sino se van por lo más fácil y cómodo, con tal de desactivar la presión social ante delitos de alto impacto, mostrando que les importa un comino que la justicia y la verdad resplandezcan.

Además, actúan “con demasiada lentitud, no protegen la escena del crimen, pierden evidencia valiosa, carecen de las más elementales formas de investigación y análisis, no hay coordinación efectiva entre investigadores y autoridades; y lo más grave es que, fácilmente y sin fundamentación alguna, incriminan a personas inocentes, como familiares cercanos que lo único que han hecho ha sido prestar auxilio”. Con tal de ganarse el favor de la opinión pública informan “irresponsablemente a los medios de comunicación haciendo más difícil y dolorosa la situación de las víctimas, mientras los criminales continúan cometiendo sus fechorías al amparo de la impunidad”. Indignados comprueban los sacerdotes “que los criminales son más astutos que los operadores de justicia”.

Exigen “de las autoridades, particularmente del Ministerio Público, de los jueces, de la Policía Nacional Civil y sus instancias de investigación, prontitud para esclarecer los hechos delictivos y aplicar justicia. Concluyen exhortando a los fieles laicos y discípulos misioneros del departamento” a perseverar en la lucha por construir la civilización del amor esperando “un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habitará la justicia”.