Reiterada indolencia

Los recientes incidentes en los que al menos 56 guatemaltecos perdieron la vida permiten deducir que el Estado no cumple adecuadamente con sus obligaciones de proteger a la población, lo cual es preocupante porque son acontecimientos reiterativos y difíciles de aceptar, como el hecho de que un grupo de matones protagonice una masacre en una tranquila comunidad o que la temeridad de un conductor de camioneta extraurbana pueda causar la muerte de tantas personas.
 

Estos son episodios inconcebibles y que causan mucho desasosiego; sin embargo, se convierten en los peores síntomas de un organismo que sin duda se encuentra muy enfermo para que hechos como los citados se repitan con tanta frecuencia sin que pase nada, o que tampoco existan responsables, oficiales ni privados, que den razones del número de víctimas o que adquieran compromisos creíbles de que habrá soluciones definitivas para evitar que ocurran otras tragedias que solo se explican por la irresponsabilidad.

En el primero de los casos, es obvio que las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana no solo incumplen sus obligaciones fundamentales, sino, además, son incapaces de atender síntomas previos de alarma, como ocurrió en San José Nacahuil, donde desde hacía varios días se habían denunciado amenazas de ataques contra comunitarios, lo que al parecer no despertó el interés de la Policía ni se le prestó la atención debida, y hoy se lamenta la muerte de 11 personas.

Además, se sabe que algunos comunitarios denunciaron que la noche de la tragedia fueron intimidados por efectivos policiales que también pudieron haber insistido infructuosamente en comprar licor en tiendas del lugar, lo cual, de acuerdo con otras denuncias, posiblemente motivó una represalia, aunque esas son versiones que las autoridades deben esclarecer con toda celeridad, a fin de desvanecer tan serios señalamientos, pues hay que recordar que la Policía fue expulsada de esa comunidad porque pobladores acusaban a los agentes de que los extorsionaban.

Lo mismo puede decirse del brutal accidente ocurrido en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, el segundo en menos de cuatro años en ese trayecto, o de muchos otros que han llenado de luto al país y han dejado un triste registro que ni siquiera ha servido para corregir errores, porque esas son tragedias que se suscitan con mayor frecuencia en países como el nuestro, cuyas autoridades incumplen con sus obligaciones y pasan a engrosar las filas de una burocracia ineficiente e indolente.

Esta es quizá una de las claves para que las tragedias sean reiterativas en Guatemala, y es porque los matones pueden actuar a sus anchas, sin temor si quiera a ser aprehendidos, mucho menos castigados, y en el caso del transporte público, se repite el patrón de impunidad, donde nunca hay culpables de los fatales accidentes ni peritajes que permitan deducir responsabilidades. Lamentablemente, esos episodios trágicos continuarán si los funcionarios encargados de emitir las regulaciones o de garantizar la seguridad continúan tomando acciones reactivas en lugar de privilegiar la prevención.

Publicado el 16 de Septiembre 2013 en www.prensalibre.com por Editorial Prensa Libre 
http://www.prensalibre.com/opinion/Reiterada-indolencia_0_993500659.html

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