De un plomazo o un camionetazo

A raíz del horrible acci- dente de San Martín Jilotepeque, que hasta ayer habría cobrado la vida de 45 personas, ahora se dice que habrá sanciones más drásticas para los infractores.
 

El tema de la sobrecarga de buses, picops, microbuses y hasta tuctuc viene de años atrás y supuestamente cuando se da la licencia del bus se estipula la cantidad de pasajeros que deben llevar, saludos.

En mi continuo caminar por el interior del país he visto cómo patrullas y miembros de la motorizada rebasan a buses que llevan gente hasta en la parrilla. Quizás kilómetros antes ya les dieron la mordida.

Muchos son los empleados del Estado involucrados en el tema del transporte público, desde los que hacen los exámenes a los pilotos, los que otorgan las licencias, los encargados de revisión del estado de los diferentes tipos de transporte y la Policía, por supuesto. La falta de cumplimiento de leyes y reglamentos es una grave falta. Veamos lo que dice nuestra Constitución al respecto:

“Arto.155.-Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.

La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años”.

Y entonces, ¿A quién le echamos el muerto? ¿Será a la Dirección General de Transportes? ¿A la Policía? ¿A los ministerios involucrados en el tema? ¿A las alcaldías? ¿A los propietarios de los buses? Por supuesto, no será a nadie y las cosas seguirán igual mientras no vayan a parar a la cárcel algunos que son responsables directos de estas lamentables actuaciones que terminan en tragedia.

Hace unos años, me chocó un bus escolar. Al impacto bajé y le pedí la licencia al piloto, un jovencito que quizás tendría 16 años. No tenía licencia y, por supuesto, ninguna posibilidad de cubrir los gastos del impacto. El colegio al que servía no tuvo responsabilidad, pues no era el dueño del bus y el bus no tenía seguro. A pagar, pues ¿qué otra? Otros sí tienen licencia pero sería bueno ver cómo la obtuvieron, pues a la fecha siguen las ofertas de ventas de licencias

Las regulaciones de tránsito no se cumplen. Carros, camiones, buses, motocicletas, bicicletas, circulan sin luces, y otros con una sola, haciendo creer que es una moto. La velocidad, ya sabemos, bien gracias. Los tuctuc salen a la carretera entre Sanarate y El Rancho con hasta seis personas a bordo, por lo que los tráileres deben de hacer maniobras peligrosas para esquivarlos.

Las básculas para evitar la sobrecarga de camiones y tráileres quedaron para el olvido. En fin, quien maneja en este país lleva todos los riesgos que genera una administración irresponsable en el tema del tránsito.

Retomando lo plasmado en el artículo constitucional, hoy los funcionarios públicos que tienen inmunidad se sienten muy cómodos, pero son 20 años de responsabilidad y sus puestos son efímeros, o sea que a ver cuándo les cae el peso de la ley por corruptos e irresponsables.

Lamentamos mucho la muerte de los pasajeros del bus, la mayoría de ellos trabajadores honrados, madrugando para ganarse el sustento de sus familias.

La verdad es que aquí ya no sabemos, o morimos de un plomazo o de un camionetazo.

Publicado el 16 de Septiembre 2013 en www.prensalibre.com por HUMBERTO PRETI
http://www.prensalibre.com.gt/opinion/plomazo-camionetazo_0_992900762.html

 

 

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