Reforestación y mujeres

El país ha reducido la cobertura forestal en los últimos 25 años ante la indiferencia de la mayoría.

La deforestación ha avanzado considerablemente en los últimos 50 años.

Aunque se desconoce el número exacto de guatemaltecas que trabajan en la reforestación del país, lo que sí se sabe es que cada vez son más las que se involucran en esta actividad. El sueño de doña Lena, como es conocida en San Andrés Itzapa, es que muchas más mujeres también se preocupen y trabajen en beneficio de los bosques.

Estudios recientes indican que la cobertura forestal o área boscosa ha tenido un marcado deterioro en los últimos 25 años. “De 1991 al 2001 se registró una deforestación de 93 mil hectáreas al año —una superficie similar a 93 mil campos de futbol—, pero del 2006 al 2010 la cifra aumentó a 132 mil hectáreas de pérdida de bosque”, afirma Juventino Gálvez, director del Instituto de Ambiente y Recursos Naturales, de la Universidad Rafael Landívar.

Sin apoyo gubernamental
Para concretar sus objetivos, la Asociación Mujeres unidas por Amor a la Vida recibe solicitudes de las comunidades, luego las evalúan para trasladarlas al técnico forestal, y es este quien visita el área a reforestar y envía la cantidad de árboles que considere necesaria.

Los meses de junio y julio se dedican a sembrar hortalizas, así como a vender plantas medicinales y árboles frutales para captar recursos.
La Alianza Internacional de Reforestación les proporciona capacitación, semillas y bolsas. Dominic Williams, un donante extranjero, paga Q600 mensuales por el sitio del vivero, y las mujeres aportan para la arena que servirá de mezcla abonada.

La Asociación está abierta para recibir el apoyo de cualquier institución, sobre todo con alimentos para sus socias.
“Luego de un reportaje nos llamaron del Instituto Nacional de Bosques (Inab) para preguntar qué más necesitábamos, pero hasta hoy no hemos recibido nada”, comenta Siquinajay.

Pero para doña Lena lo importante es reforestar, por eso hace énfasis en el caso de la aldea El Aguacate, a cuatro kilómetros de San Andrés, donde ocurrió una masacre en los años del conflicto armado. “Luego de la matanza la aldea quedó desierta, entonces la gente de los alrededores empezó a cortar los árboles hasta que quedó pelón. Allí había tres nacimientos de agua, pero ahora solo uno alimenta al río. Esa es un área que debería ser reforestada”, asegura.

Cortar uno y sembrar dos
Olga Marina Alfaro, de 80 años, es otra guatemalteca que decidió hace siete años formar la Asociación Huehuetenango Verde. Reside en la cabecera y con sus propios fondos trabaja en la reforestación de su región, especialmente de la especie Ahuehuetl, de donde toma su nombre este departamento.
El proyecto de Alfaro está dirigido a la información y educación de los estudiantes de educación primaria del municipio, para lo cual visita las escuelas y entrega una planta a cada estudiante para que la cuide durante un año y luego la plante y, por supuesto, la continúe cuidando.

“Los niños son más receptivos a la educación forestal y los maestros colaboran mucho en el proceso al darles algunos puntos al final del ciclo escolar si estos presentan su árbol listo para ser trasplantado”, indica.
Doña Olga Marina tiene su vivero a la ribera del río Negro, debido a que solo en ese lugar germinan las semillas del Ahuehuetl y desde allí ha distribuido más de cien mil arbolitos. Cuenta, además, con el respaldo de las autoridades municipales y la iniciativa privada.
Resalta el caso de las comunidades que viven en la cima de Los Cuchumatanes, las que se ven obligadas a utilizar leña, por lo que durante los últimos años el área boscosa ha disminuido. Para combatir un poco este fenómeno llevó plantas de palo negro y encino, que son las especies nativas del lugar, y visita periódicamente a los residentes para hacerles conciencia de la importancia de “cortar uno y sembrar dos”.
En la actualidad gestiona para dotar de estufas ahorradoras a las comunidades de la Sierra, para que así disminuyan el consumo de leña.

Incidencia
Adela Tambriz, de 53 años, oriunda de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, trabaja en este sector desde 1996, cuando se empezaron a plantear las bases de la Ley Forestal. Ella forma parte de la junta municipal departamental y nacional de la Red Nacional de Comunidades Indígenas.
Además de las actividades propias de la reforestación como el cuidado de viveros y bosques, trabaja activamente con los beneficiarios del Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (Pinpep), promovido por el Inab. Este programa colabora con quienes no tienen documentos en el Registro de la Propiedad y quieren reforestar con fines de explotación y conservación.

La posibilidad de integrar estas juntas directivas le ha permitido tener alguna incidencia política en la toma de decisiones que no siempre benefician al sector forestal, por ejemplo, la asignación del presupuesto designado por la ley.
En su departamento existen áreas en la cuenca del Lago de Atitlán que son áreas protegidas, por lo que la concesión es difícil de obtener; sin embargo, en su opinión el beneficio es tanto para la naturaleza como para las familias que reciben los incentivos.
Las cifras

Según Juventino Gálvez, las áreas donde avanza con más fuerza la deforestación, entre otras, es la Franja Transversal del Norte, y de esta el tramo hacia San Andrés y San José, Petén; Los Cuchumatanes, Huehuetenango; El Estor, Lívingston, y Punta de Manabique, Izabal.
Otros focos de deforestación, pero más pequeños, son los que ocasiona la tala para leña, los incendios forestales, plagas, enfermedades propias de las especies y el derrumbe de árboles para emplear la tierra para cultivar café y agricultura en pequeña escala, las cuales se ubican en todo el país.

Édgar Martínez, delegado de Incentivos Forestales del Inab, concuerda en que las cifras son preocupantes, pero señala que ha disminuido la deforestación neta desde el 2006, debido, principalmente, a un aumento de bosques nuevos.
Gálvez expone que la deforestación equivale a un volumen anual de 31 millones de metros cúbicos de madera, de los que alrededor de unos tres millones y medio son utilizados por la industria, y solo una tercera parte es talada con el respaldo de la autorización o licencia que extiende el Inab, y las dos restantes se efectúan de manera ilegal.

Martínez admite que muchas comunidades carecen de conocimientos de organización, manejo y conservación del bosque, al igual que información sobre el correcto aprovechamiento de los recursos forestales, pero indica que son los delegados regionales del Departamento de Fortalecimiento Municipal y Comunal quienes se ocupan de concienciar a la comunidad.

La industria
El sector maderero es uno de los más florecientes del país, lo cual se puede determinar al observar el reporte del 2012 de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport). En este documento se detalla que esta industria alcanzó la cifra récord de exportación de Q742 mil 240 millones.
Esta industria está creciendo y en la actualidad está conformada por unos tres mil 700 empresarios registrados en el Inab. Estos mejoran sus técnicas continuamente y amplían el aprovechamiento de los recursos. Ejemplo de ello es que hace apenas algunos años se enviaban a El Salvador las ramas y raíces de los árboles, mientras que ahora se procesan para fabricar madera aglomerada.

Carlos Porras, directivo de la Comisión de Fabricantes de Muebles(Cofama), indica que los principales grupos de empresarios se encuentran en Petén, Izabal, las Verapaces y la región suroccidental del país. También afirma que las maderas más utilizadas son: teca, melina y palo blanco, que representan el 60 por ciento de la oferta y que la materia prima que se utiliza proviene de plantaciones voluntarias en terrenos privados.
Gálvez opina que este sector forestal en su conjunto es débil, lo que unido a su baja capacidad de respuesta no le permite una posición relevante: económicamente tiene baja contribución al producto interno bruto y aporta poco en la generación de empleo e ingresos sociales. “Solo ve contemplativamente cómo se erosionan sistemáticamente los activos forestales nacionales”, dijo.

Manejo planificado
Un ejemplo del uso comercial de la madera son los árboles de pinabete que produce la finca Caleras de Chichavac, en el kilómetro 93.5, Tecpán Guatemala, Chimaltenango. Salvador Pira, su propietario, explica que debido a que el pinabete es una especie en peligro de extinción, para su cultivo fue necesario conseguir los permisos correspondientes y poner en marcha la iniciativa de crear bosques voluntarios; es decir, plantaciones privadas con fines de explotación, además de lograr la adaptación de la especie al clima y evitar la mortandad de los arbolitos de los cuales únicamente sobrevive un 10 por ciento.
Cada fin de año Pira ofrece a las familias un árbol tupido y saludable de entre seis y ocho pies de altura, el cual pueden llegar a elegir a la finca o adquirirlo en la feria del pinabete en el Mercado de Artesanías en la capital. También apunta que la tala ilegal de esta especie continúa y que las ramas son vendidas como árboles hechizos y sin el marchamo correspondiente.

“No es lo mismo planificar una plantación pensando en el destino que tendrán los árboles o la madera. Primero se elige la especie adecuada, la mejor semilla y buena tecnología, y luego se siembra estratégicamente. El trabajo puede tardar unos 12 años en dar la primera cosecha, pero los resultados son más eficientes que cortar árboles deteriorados de los bosques naturales”, afirma Porras.
En opinión de Gálvez, al menos un 30 por ciento de las plantaciones establecidas con el apoyo de fondos públicos son de mala calidad, debido a que han carecido de manejo técnico apropiado y oportuno. Además, el sector no ha logrado atraer inversionistas nuevos y modernos para dinamizarlo a partir de una masa de plantaciones de al menos 500 mil hectáreas, para sostener una industria de transformación pujante y vigorosa que permita reducir la presión sobre los bosques naturales.

Más riesgo

Entre los lugares  de más explotación ilegal están las áreas protegidas, pues es allí donde se ubica  el 52 por ciento de bosques.
César Beltetón, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas,  afirma que uno de los mecanismos más efectivos para conservarlas es que la comunidad se involucre en planes de aprovechamiento de los recursos, proyectos turísticos e incluso actividades madereras, pues así se mantiene un equilibrio entre el beneficio económico y los cuidados que los bosques necesitan.
“Los beneficiarios de los distintos programas reciben capacitación e incentivos durante los primeros años para que se organicen, luego se hace una supervisión constante según los planes maestros que corresponden a cada caso, especialmente antes de enviar al mercado sus productos. En general,  todos los involucrados cumplen las expectativas”, indica Beltetón.
El Tribunal de Sentencia de San Benito Petén, que cubre todo el departamento del norte, indica que en los últimos dos años ha habido seis sentencias condenatorias por tala ilegal y cuatro por usurpación de áreas protegidas.
Mientras tanto,  Gálvez indica que en el sector forestal siempre se ha tenido abundancia, riqueza y diversidad genética de especies, pero que los involucrados han permitido la degradación y el agotamiento sostenidos de los bienes forestales desde la década de 1950 y no ha logrado establecer plantaciones que atiendan todas las demandas nacionales.