El gobierno presidido por don Jimmy Morales, a instancias del ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada Domínguez, sometió al Congreso la discusión y aprobación del proyecto “Ley de Recuperación de la Capacidad Fiscal del Estado” (conocido como “Paquetazo Tributario 2016”), que, entre otras cosas, contiene: (i) La elevación de las tasas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para actividades lucrativas de 25 a 29 por ciento y el establecimiento del régimen optativo de pago definitivo con tasas de 5, 7 y 12 por ciento; (ii) El restablecimiento de las tasas del ISR para personas en relación de dependencia (trabajadores) con rangos de entre 15 y 29 por ciento, en lugar de rangos de 5 a 7 por ciento, con posibilidad de deducción de la planilla del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero sobre la renta neta y no sobre la renta bruta; (iii) El aumento del Impuesto de Distribución de Petróleo y Derivados del Petróleo en Q3 por cada galón y, en caso que el precio del barril de crudo en el mercado internacional llegue a US$80, el incremento será de Q1.50; (iv) El aumento del impuesto al cemento de Q1.50 el saco a Q5; (v) El incremento de las regalías mineras por extracción de oro, plata y platino de 1 a 10 por ciento, y por extracción de otros metales de 1 a 3 por ciento; y (vi) El Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) será cobrado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y no por las municipalidades.
Luego, tal y como ocurrió con el “Paquetazo Tributario 2012” (Ley Antievasión II y Ley de Actualización Tributaria), impulsado por los exministros de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knight (2008-10) y Pavel Centeno (2012-3), por lo que se le conoce también como la “Receta Fuentes-Centeno”, la nueva carga tributaria recaerá principalmente sobre la clase media (trabajadores calificados, profesionales, técnicos, burócratas, pequeños y medianos empresarios), ya que grava fuertemente sus ingresos y reduce su poder de compra a través de una mayor erogación en combustibles (que ya es de las mayores en el mundo) y en cemento para construcción de vivienda.
El impacto del ISR sobre las empresas será relativo; además, se les facilita el pago de impuestos atrasados. Las regalías mineras ya no serán productivas en materia impositiva, porque la actividad extractiva ha perdido atractivo en Guatemala y se espera una importante desinversión.
Ante la inminente posibilidad de que el Congreso, que ha dejado de representar los intereses legítimos de la ciudadanía, apruebe el “Paquetazo Tributario 2016” (también conocido como la “Receta Estrada”), ha trascendido que, en el ejercicio del derecho constitucional de resistencia a la opresión, ya se está preparando la impugnación de las bases imponibles y tipos impositivos de la Ley de Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo y de la Ley del Impuesto Específico a la Distribución del Cemento, que aunque han estado vigentes son notoriamente incompatibles con la Constitución, de acuerdo con criterios y precedentes sentados por la Corte de Constitucionalidad. Asimismo, también se tiene noticia que se impugnará la eventual norma que ordene trasladar el cobro del IUSI a la SAT, ya que contraviene el precepto constitucional que ordena que la administración debe ser descentralizada.
De cualquier manera, los ciudadanos debemos retomar el estandarte de la lucha contra la corrupción, que inspiró las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo el año pasado, y oponernos a que el Gobierno nos obligue a pagar más impuestos.
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