Mañana se cumplirán cinco años de la desaparición de la joven madre Cristina Siekavizza, protagonista involuntaria y principal víctima inocente, junto con sus hijitos María Mercedes y Roberto José y sus padres, de un caso de violencia familiar criminal de los que desafortunadamente asuelan al país en todos los sectores sociales. Se caracteriza porque provocó una serie de acciones diferentes que lo hacen único en la historia guatemalteca, y que ahora de nuevo ponen en juicio al mismo sistema jurídico del país.
La atención pública se despertó con motivo de la valiente actitud del doctor Juan Luis Siekavizza y de su esposa, Angelis Molina, así como de un grupo de amigos de Cristina que se organizaron para manifestar por las calles como forma de exigir que el misterio inicial fuera resuelto, y al que se agregaron espontáneamente miles de personas. La desaparición del esposo y principal acusado, Roberto Barreda, junto con los dos niños, aumentó la sospecha generalizada de que era una mentira la versión inicial.
Las autoridades emprendieron numerosas acciones en búsqueda de la víctima, sin éxito. Como consecuencia de que el esposo es hijo de una expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, esta fue capturada en octubre del 2011 y permaneció 17 meses en prisión. Barreda fue localizado con sus hijitos en Mérida, México, y trasladado a Guatemala en noviembre del 2013, cuando los niños fueron entregados a quienes deben tenerlos, sus abuelos maternos. Al mismo tiempo se inició contra el cónyuge un juicio que por desgracia se agrega a la larga serie de casos judiciales estancados, con el resultado de que la justicia no puede llegar a ningún lado.
Es imposible dejar de considerar que los numerosos amparos interpuestos, así como algunas de las medidas legales, no pueden ser más que el resultado de presiones indebidas provocadas por la segura capacidad de influencia de la mencionada expresidenta de la CSJ. Y es entonces donde la resolución del caso aumenta de importancia porque puede y debe sentar un precedente a favor de evitar que factores ajenos a lo puramente legal sean determinantes para que no haya justicia.
Debe señalarse además la tenaz lucha tanto de por los padres de Cristina como de Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, quienes no se han amilanado y continúan dando, en realidad, una prueba de confianza en que se puede lograr la justicia. En este momento, el caso se encuentra en manos de la Corte de Constitucionalidad, que tiene la tarea de dictaminar acerca de esa actitud de desprestigiar a la figura del amparo y con ello permitir que comience el debate oral y público con el fin de dilucidar el hecho.
El sistema de justicia se encuentra en un buen momento a causa de las acciones en contra de la impunidad, que no solo se refieren a lo político, lo cual debe ser tomado muy en cuenta por la Corte de Constitucionalidad. Este aniversario tan triste, poca duda cabe, servirá para que renazca el interés nacional en la solución de una tragedia que conmovió a los guatemaltecos, no solo por sus características, sino porque no es poco común. Resolverlo puede ser la causa de que otras víctimas silenciosas se atrevan a denunciar sus dramas.
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