Ante la escasez aguda de recursos, simultánea a graves necesidades en salud y educación, el ejército no solo no es prioridad, sino que su permanencia es cuestionable.
El Ministerio de Finanzas ha concluido una jornada de talleres en el marco de un esfuerzo por lograr mayor apertura en la formulación del presupuesto. Sin duda, un avance en materia de transparencia, que contribuye al escrutinio ciudadano y la auditoría social de cómo el Ejecutivo preparará la propuesta del presupuesto para 2017 que debe presentar al Congreso de la República el 1 de septiembre próximo.
Aunque se aplaude este avance importante en transparencia fiscal, la situación no es para celebrar. Abrir el proceso de formulación del presupuesto por el lado de los ingresos confirma la aguda carencia de recursos financieros del Estado, y por el lado del gasto desnuda la gravedad de las carencias en rubros esenciales como salud y educación.
Prácticamente todos los ministerios plantearon en sus presentaciones solicitudes de presupuesto adicional, exponiendo los destinos que en 2017 se les daría a los incrementos presupuestarios solicitados. Destacó la solicitud del Ministerio de Salud por Q5.6 millardos más que en 2016 (un incremento de 95%), para reducir la desnutrición crónica, la mortalidad de la niñez y de la mortalidad materna y neonatal, así como para recuperar y rehabilitar el sistema público de salud. Por su parte, el Ministerio de Educación solicitó Q4.3 millardos más que en 2016 (un incremento de 33%), para incrementar en 3% la cobertura educativa y fortalecer la educación bilingüe intercultural.
Aun en el escenario más optimista de recuperación de la SAT y de combate a la corrupción, es evidente que es imposible atender esas solicitudes en el presupuesto de 2017. Es decir, Guatemala está condenada a que en 2017 no se tendrán los recursos para financiar las soluciones a los problemas en salud y educación, y a otras carencias sociales que mantienen a la mayoría sumida en la pobreza y el subdesarrollo.
Semejante condena trágica e inhumana contrasta brutalmente con la solicitud del Ministerio de la Defensa Nacional de incrementar su presupuesto (por Q204 millones), el cual se destinaría para que en 2017 se cree un batallón de ingenieros, cubrir los costos de graduación y ascensos de oficiales, mantenimiento de vehículos y compra de equipo militar. Esto cuando las capturas de la gavilla más reciente de militares corruptos y ladrones continúan haciendo titulares: Pérez Molina, Byron Lima, López Bonilla, López Ambrosio, Juan de Dios Rodríguez, Juan Carlos Monzón, etcétera. Además de un historial de casos de corrupción, pasando por instituciones como la Industria Militar o el escándalo de los arrendamientos del IPM.
Desde el punto de vista presupuestario, es evidente que el ejército no es una prioridad, con lo cual se debería retomar el debate sobre suprimir el Ejército de Guatemala. ¿Acaso no estaríamos mejor sin ejército y con fuerzas de seguridad civiles? ¿Suprimir los institutos Adolfo V. Hall, trasladar las instalaciones al Ministerio de Educación? O, ¿trasladar el Centro Médico Militar al Ministerio de Salud, para que no solo atienda a una élite de militares?
Temo que esta sigue siendo una idea controversial, ya que aún existen defensores del militarismo en Guatemala, y, como todos, tienen derecho a opinar y pedir. Lo que este debería ser es un debate impostergable, y decidir por medios democráticos si Guatemala necesita o no un ejército.
Mi voto sería para una Guatemala sin ejército, libre de militarismo, y con la prioridad en salud, educación y otras vías para salir de la pobreza y lograr un desarrollo justo e incluyente.
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