Vista en su conjunto, la problemática sobre los diversos casos de corrupción que se han destapado en el último año evidencian el grado de descomposición en el que se encuentra el Estado, cuyos tres poderes se hallan envueltos en señalamientos contra sus más altos funcionarios.
El último caso que salió a luz expone los niveles de inmoralidad con los que se administraba la cosa pública, principalmente desde el Organismo Ejecutivo, donde quienes fueron las dos principales cabezas suman cargos por al menos 17 hechos ilícitos, los cuales a su debido tiempo se esclarecerán.
Lamentable es también que en esta ocasión se solicitara retirarle el derecho de antejuicio a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no descarten que las investigaciones permitan ampliar ese requerimiento al menos contra otro magistrado.
Por si fuera poco tener a un exgobernante y a una ex vicemandataria tras las rejas, así como a varios de los funcionarios más cercanos a ellos, también en las últimas semanas fueron enviados a prisión preventiva dos expresidentes del Congreso, y no se descarta que la creación de plazas fantasmas en ese organismo alcance a otros involucrados.
A ello se agrega la reciente solicitud de antejuicio contra ocho diputados de FCN-Nación, quienes están sindicados de haber proferido insultos racistas contra la gobernadora de Alta Verapaz.
Todos esos hechos conforman un cuadro de desolación que desnuda la deplorable forma de actuar de quienes acceden a puestos de relevancia en las distintas instancias, pero sobre todo debe ser motivo de preocupación que representantes de los tres poderes del Estado se encuentren sindicados de actos de corrupción, abuso de poder o tráfico de influencias, una práctica bastante común sobre la cual hasta ahora no se habían emprendido acciones.
Este grotesco escenario sobre el ejercicio de la burocracia en Guatemala ha dejado plasmados los niveles de inmoralidad y abuso en los que pueden incurrir figuras que consiguen ubicarse en posiciones de decisión, a quienes cabe agregar el concurso de corruptores que complementan el eslabón de una cadena que parece maniatar cualquier posibilidad de desarrollo nacional. Por eso tampoco extrañan la desnutrición, la inseguridad, la violencia y la precaria situación económica del país.
Cuando queda claro que cada gobernante ha buscado su mejora personal o la de amigos, se comprende por qué mucha de la problemática nacional varía poco, porque las necesidades nacionales han estado en segundo plano, como ha ocurrido en casi todos los gobiernos de los últimos 30 años, en los que incluso hasta los logros pueden resultar discutibles.
Ningún país puede dar pasos firmes hacia el desarrollo si sus gobernantes son los primeros en buscar retorcerle el brazo al sistema para acomodarlo a sus intereses. Acceder al poder para cometer acciones de inmoralidad constituye un acto de suprema irresponsabilidad por parte de los políticos.
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