CC: Nos jugamos el futuro

En el año 2010, el cardenal Rodolfo Quezada Toruño, el doctor José Barnoya, el abogado Alfonso Bauer Paiz, la ecologista Magalí Rey Rosa y yo interpusimos una acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC), buscando dejar sin efecto la prórroga que el gobierno de Álvaro Colom otorgó a la petrolera Perenco, que opera ilegalmente en el Parque Nacional Laguna del Tigre.

Más nos tardamos en preparar el escrito, que la CC en rechazarlo sin siquiera entrar a conocerlo, aduciendo que ninguno de los cinco teníamos “legitimación activa”. Es decir, no éramos directamente afectados y por lo tanto no teníamos vela en ese entierro. El documento presentado recogía, entre otros, los argumentos que utilizó el exministro de Ambiente, Andreas Lehnoff, para denunciar penalmente —en noviembre del año pasado— a Colom y a su gabinete; y coincidía con el voto razonado del entonces ministro de Ambiente de la UNE, Luis Ferraté. También se incluyeron las clarísimas violaciones a la normativa internacional.

Nunca estuvimos de acuerdo con eso de que lo que ocurre en Laguna del Tigre no era de nuestra competencia. ¿Quién si no nosotros como guatemaltecos sufrimos directamente el impacto de una petrolera en el área protegida? ¿O es que alguien va a negar que su degradación está causando gravísimas consecuencias ambientales y sociales que nos afectan? Pero como siempre, al menos en el ámbito nacional, la CC tuvo la última palabra.

En el 2015, actuando totalmente al revés, la CC le otorgó un amparo a la abogada del expresidente Pérez Molina, que detuvo por un tiempo el proceso para retirarle el antejuicio. Aunque ella no era la directamente afectada, se le reconoció la “legitimación activa” y eso lo protegió. Cuando discutieron el amparo definitivo, tres magistrados le corrigieron la plana a sus colegas y salió denegado. Esta resolución permitió que el proceso continuara en el Congreso, el resto es historia. Otra vez la CC tuvo la última palabra.

Traigo a colación estos ejemplos, aunque hay muchísimos más, que demuestran la importancia crucial que tiene para nuestro país su integración. No se trata de un tema menor, sino de la posibilidad real de fortalecer el sistema de justicia y el combate a la impunidad. La elección de las altas cortes no es un tema de abogados, nos compete a todas y todos, porque lo que nos estamos jugando es el futuro de la democracia, la legalidad y el estado de Derecho.

Lo que menos necesita Guatemala son magistrados que respondan a los intereses de grupos de poder, que lleguen a pagar las facturas que les van a cobrar sus electores y que sean producto de acuerdos gremiales o institucionales cocinados debajo de la mesa. La denuncia de Claudia Escobar, quien buscaba su reelección como magistrada de apelaciones, demostró las presiones y el chantaje de los grupos políticos para buscar impunidad a través de resoluciones a la medida.

Si eso pasó en aquella oportunidad, imaginemos las presiones y oscuras negociaciones que se están dando para conformar la nueva “corte celestial”. Podrá el MP y la Cicig continuar con la batalla por desmantelar las redes criminales, o algunos jueces y magistrados honorables dictar sentencias apegadas a la ley, de nada va a servir si todo cae en manos de una CC corrompida. Por eso preocupa enormemente el silencio y la opacidad con que el señor Jimmy Morales quiere manejar este asunto y los insistentes rumores sobre que en los espacios de elección está corriendo mucho dinero y se quiere llegar a acuerdos para tener una Corte cooptada y a la medida.

Al final de cuentas mucho va a depender de hasta dónde como sociedad estamos dispuestos a que nos ganen esta pelea.