La elección de Magistrados para la Corte de Constitucionalidad tiene un proceso de veeduría social muy fuerte sobre las cinco Instituciones que deben nominar a quienes desempeñarán el más alto cargo judicial en materia constitucional. Es imperativo y legítimo que la sociedad se meta, opine, proponga, presione y exija a cada actor de decisión política la nominación y elección de nuevos magistrados, cuya conducta personal y profesional sea intachable, además de no tener compromisos económicos, sociales, políticos, jurídicos o morales.
Esta elección es diferente a las anteriores. No pueden compararse los mecanismos de elección oscuros que Presidentes de Organismos de Estado han realizado, ni tampoco pueden ignorarse los procesos de elección viciados que han tenido tanto la Universidad de San Carlos de Guatemala, como el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Quienes seleccionan (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) han preferido, con muy contadas excepciones, escoger a candidatos que cuentan con poca carrera judicial o pública, y sus méritos, aunque algunos académicos no han sido públicos o por lo menos publicitados para recibir tachas. Se espera que esto cambie para la nueva elección, en un intento de transparentar las actuaciones y conseguir a los y las mejores profesionales.
Los otros dos procesos, eleccionarios, han sido contaminados por la propaganda electoral/profesional, el ofrecimiento de compromisos y apadrinamiento de liderazgos cuestionables. Al final, la democracia endeble del país, reflejada en estos grupos eleccionarios, ha privado de contar con buenos perfiles que desempeñen funciones correspondientes al alto cargo a ocupar. De eso poco o nada ha cambiado, y hasta que el propio sistema se depure, difícilmente cambiará.
Los actuales magistrados y magistradas han cumplido su período. Sus decisiones, como cualquier juez, nunca serán del agrado de todos, pero han denotado criterios cuestionables, ambivalentes y contradictorios; todo sería normal dentro de un mecanismo de discusión jurídica, si no privaran intereses particulares y sectoriales. Su tiempo ha terminado y no es recomendable una reelección. Acomodados a sus sillas, complaciendo su ego y sin que se les reconozca efectivamente una defensa granítica del orden constitucional.
Mejor dar pie a nuevos(as) profesionales. Con perfiles depurados y ética incuestionable. En Guatemala los hay, y no son pocos, pero su disposición a participar depende de la depuración del sistema. El Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República, el Consejo Superior Universitario y los miembros del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (que incluye también a otras ramas profesionales adscritas al de abogados), deben recordar que Guatemala está en juego, y sus acciones serán recordadas y juzgadas por una población que está dispuesta a defender a su país y a su nación.
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