Ricardo Méndez Ruiz

Cuando Nineth Montenegro afirma que los candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad que aceptará el Congreso, serán abogados que no hayan defendido nunca a personas relacionadas con violaciones a los derechos humanos, se refiere a que la Comisión de Postulación que ella integra vetará la participación de juristas que hayan defendido a militares en casos relacionados con el enfrentamiento armado interno. Esa es una violación al derecho de todo abogado a defender y al de toda persona a ser defendida, que tiene sus raíces en los intereses de la empresa familiar de Montenegro, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que se ha beneficiado con millones, producto de juicios contra miembros del Ejército. Similar es el caso de Helen Mack, cuando requiere como mérito profesional de los candidatos que deseen reelegirse como magistrados de la CC, el “relacionarse con funcionarios de diferentes instituciones, organizaciones sociales, indígenas y de derechos humanos”. El vínculo de Mack con la actual magistrada presidente de la CC Gloria Porras –que llena el perfil con tufo a izquierda que exige su amiga– es innegable, y su interés por su reelección es más que obvio, ya que tiene tal ascendencia sobre ella, que ha logrado descaradas resoluciones ilegales del más alto tribunal, que le han valido a Porras y otros magistrados la solicitud de la revocación de su derecho de antejuicio.

Se ha demostrado que el interés de Helen Mack se reduce, más que al tema ideológico, al financiero, ya que la Fundación que ella preside se ha beneficiado, lo mismo que el GAM, con millonarios montos, fruto de condenas en contra del Estado de Guatemala por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para la concreción de los pagos de esas ilegales sentencias, es vital para los vividores de los derechos humanos que los astros estén alineados en la CC y en los tribunales; en estos para que se condene a los militares en juicios viciados que de forma estúpida y abusiva aplaude el embajador Todd Robinson, y en aquella para que los pagos de corruptos resarcimientos se hagan efectivos, en caso que surjan obstáculos; amén de la consolidación de sentencias en linchamientos jurídicos.

El círculo del negocio sucio de los resarcimientos, que ya ha drenado Q1 mil millones de nuestros impuestos, fue avalado por Iván Velásquez la semana pasada en una conferencia coordinada por Alberto Brunori, personaje de la ONU ligado a esa red de corrupción. En ese evento Emilio Álvarez, funcionario de la CIDH, advirtió que esa entidad “ha declarado a Guatemala en desacato, ya que hay sentencias emitidas que fueron aceptadas por el Estado guatemalteco que no se cumplieron”. Al traducir lo que dijo ese extranjero –uno más de la constelación foránea que se inmiscuye en nuestro país–, leemos que, increíblemente, ha habido funcionarios responsables, que se han negado a pagar gigantescos resarcimientos por ser ilegales, y que en su mayor parte, se quedan en las bolsas de mercachifles, a quienes no les importa confrontarnos con tal de hacer fortuna.

Mientras tanto, el sector económico organizado más torpe, blandengue e irresponsable que ha conocido nuestra historia, ve para otro lado, como si fuese ajeno a la tormenta que se avecina.