Elecciones de magistrados de la CC

Hoy, universidades, tanques de pensamiento, asociaciones y fundaciones de derechos humanos, por mencionar tan solamente unos cuantos actores de la sociedad civil, han iniciado un proceso de escrutinio público como pocas veces se había visto antes. Han hecho desde ya, que tanto el Organismo Legislativo como el Judicial, al menos formalmente, se hayan comprometido con un proceso público y similar al regulado por la Ley de Comisiones de Postulación. Lo mismo ha dicho, si no me equivoco, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el Colegio de Abogados y Notarios debe realizar una elección. No es que magnánimamente quiera hacerla. Para ella, la actual Junta Directiva de dicho colegio ha impuesto también algunos criterios que buscan cumplir los principios de la ley antes mencionada: transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad.

Que yo sepa, únicamente el Organismo Ejecutivo no ha asumido el reto de elegir de la mejor manera posible al magistrado y su suplente, que por ese Organismo, deben integrar la famosa Corte de Constitucionalidad. Qué feliz sería de saber que estoy equivocado.

Dentro del principio de excelencia profesional, a su vez se exige que los candidatos llenen requisitos de capacidad, especialidad, idoneidad, honradez y honorabilidad comprobada, para el cumplimiento de lo que exige la Constitución Política de la República de Guatemala.

En suma, esos requisitos aterrizan en la llamada ética judicial. Una de las clásicas preguntas en este campo es: ¿qué haría un juez si se encuentra ante una situación en la cual debe poner a un lado sus propios sentimientos y decidir el caso en estricto apego a la ley, pero sabiendo que el resultado será manifiestamente injusto? Peor aún, ¿que resultará en una monstruosidad? Algunos dirán que se hace justicia resolviendo conforme la ley, y punto. ¿En dónde reside su obligación ética? Preguntas como esas ameritan respuestas sensatas que pueden demostrar cual es la posición ius filosófica y la preparación jurídica de los aspirantes a las más altas magistraturas del país.