Experta de CIDH torció la ley por su ideología, acusa exfiscal de Guatemala

La Exfuncionaria afirma que la gestión de la investigadora del caso Iguala fue “aberrante”; tenía de rodillas al país, indica.

La exfiscal de Guatemala y actual integrante del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que indaga el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Claudia Paz y Paz, mantuvo “de rodillas” a ese país porque protegió a grupos disfrazados de activistas que cometían toda clase de delitos, como tomas de instalaciones públicas, invasión de propiedad privada, robos y bloqueos carreteros, acusó la también exfiscal Gilda Aguilar.

“Su gestión fue aberrante, tanto para los guatemaltecos como para las personas que trabajábamos en la Fiscalía. Es una mujer represiva y parcial. Todos estos grupos que han militado bajo la bandera de activistas, durante el régimen de Paz y Paz, estaban totalmente envalentonados. Es decir, podían cometer toda clase de delitos bajo la protección de la exfiscal general”, sostuvo.

En entrevista con La Razón, Aguilar detalló que los grupos que fueron protegidos por la hoy integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) fueron el Comité de Desarrollo Campesino, Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales, Comité de Unidad Campesina, Frente Nacional de Lucha y a la Comisión Paz y Ecología de ese país centroamericano.

Por ello advirtió que Paz “no es una persona idónea para ser parte de este grupo (de la CIDH), porque en Guatemala actuó bajo un marcado sesgo ideológico y eso pone en riesgo la objetividad con la que debe ser investigado el caso de los estudiantes. Ella podría estar actuando bajo ciertas tendencias ideológicas y no bajo una justicia como debe ser, con equidad”.

Manifestó que los integrantes del GIEI primero debieron de haber sido investigados antes de formar parte del grupo de expertos de la CIDH porque “deben ser personas totalmente imparciales. Se debió haber ido a sus países de origen para comprobar si realmente hicieron una labor de justicia con estricto apego a derecho”.

Enterada de que este grupo ha recibido dos millones de dólares para realizar sus indagaciones, Aguilar, quien dejó de ser fiscal hace un par de años, externó que, definitivamente, “estos recursos están mal invertidos. Al final cuando los recursos se invierten mal en el tema de justicia de cualquier país, quienes lo pagamos somos los ciudadanos.

“En este caso el pueblo mexicano está cargando con recursos que son destinados a personas que no son idóneas, así que seguramente en el caso de los muchachos (los normalistas), no van a actuar con justicia en el asunto de Ayot-zinapa”.

Víctima de un atentado en su contra, el 8 de enero de 2014 Aguilar presentó una denuncia ante la justicia guatemalteca contra Paz y Paz, acusándola de negación de justicia y abuso de autoridad, la cual, señaló, no ha prosperado por la influencia que aún tiene la integrante del GIEI en el país centroamericano.

Defendió a guerrillas apoyadas por URSS

Aseguran que violó los acuerdos de paz; aprovechó su cargo para dejar impunes a grupos herederos de terroristas

La organización no gubernamental guatemalteca Liga ProPatria señaló a Claudia Paz y Paz, actual experta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga el caso Iguala, de responder a intereses de Cuba para respaldar guerrillas en el país centroamericano.

El presidente de esa organización, Steve Hecht, dijo a La Razón que esta mujer, quien fue fiscal general de ese país de 2010 a 2014, violentó los Acuerdos de Paz y las leyes respectivas al desatar una persecución contra quienes combatieron a los grupos terroristas financiados por Cuba y la Unión Soviética.

“Ella estaba respaldada por Cuba durante el conflicto armado. Paz y Paz apoyaba a los sucesores grupos guerrilleros respaldados por Cuba”, consideró Hecht.

El activista recordó que el gobierno de La Habana apoyó a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), así como al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), y que como fiscal general (2010 a mayo de 2014), Paz y Paz utilizó el cargo para garantizar la impunidad de los grupos herederos del EGP, además de encubrir la red de corrupción del expresidente Otto Pérez Molina.

Hecht indicó que a pesar de que lo ha rechazado, la exfuncionaria fue militante de esta agrupación terrorista, en la que militaron también su padre y sus hermanos.

El pasado miércoles se dio a conocer que en 2012 Paz y Paz presionó a la entonces fiscal guatemalteca, Gilda Aguilar, para revocar los delitos de incendio, secuestro y robo contra integrantes del EGP.

“Ellos obligaron a algunos empleados a quemar la maquinaria, secuestraron a otros y robaron cosas”, señaló Hecht, quien asesora a Aguilar.

Recordó que a los guerrilleros nunca se les fincaron cargos, por lo que su acto de terrorismo quedó impune.

“Los integrantes del grupo guerrillero no estuvieron ni acusados ni en prisión en ningún momento, porque se revocaron las órdenes de aprehensión”, afirmó.

A la hoy integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la CIDH, se le acusa de haber privilegiado a grupos subversivos de ese país.

“En el tiempo de mandato de Paz y Paz como fiscal, los grupos guerrilleros tenían un trato preferencial. Paz y Paz no tiene respeto para la ley, es puramente política”, aseguró.