La mala administración de fondos en el subsidio al Transurbano continúa revelando inconformidades. Ahora resulta que los recursos que se empezaron a desembolsar para la AEAU no habrían llegado a la empresa o a los subcontratados para brindar seguridad en las paradas y las unidades.
El 15 de diciembre del año pasado se subió el concurso para la licitación del servicio de seguridad en el Transporte Público Colectivo Urbano de la Ciudad de Guatemala. Las bases indicaban la necesidad de 2 mil agentes que brindarían la protección privada a los prestadores del servicio del transporte en mención de enero a diciembre 2015.
Las autoridades justificaban que la seguridad sería otorgada en las paradas de buses, terminales, predios de resguardo de unidades, oficinas administrativas de las empresas de transporte objeto de extorsiones y amenazas. El servicio debía incluir todo el trabajo de logística y administración de las fuerzas de seguridad, y se especificó que sería según disponibilidad presupuestaria del Estado de Guatemala.
Entre los requisitos que colocó la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para adjudicar el evento, se indicaba que los oferentes cuenten con experiencia en el cuidado y resguardo de instalaciones, tecnología y experiencia necesaria en reacciones de alarmas y botón de pánico, entre otros.
El plazo contractual indica que habría un contrato inicial vigente por siete meses, tiempo en que la AEAU evaluaría el desempeño de los servicios contratados, el cual se podría prorrogar hasta por cinco y meses más.
Incluso, se colocaron requisitos mínimos de la empresa que prestaría el servicio y ello incluiría especificaciones técnicas como dotar del equipo indispensable por agente de seguridad: revólver calibre .38 milímetros y una escopeta calibre 12 según las necesidades del servicio con un stock de 25 cartuchos de municiones, uniforme y grilletes.
Tres empresas presentaron ofertas en el concurso. Se trata de Seguridad y Protección Total, S.A., Investigaciones y Seguridad Profesional, S.A. y Protección Total, S.A., este último ganó el concurso con 91 puntos.
El contrato fue suscrito por Q96 millones, del 1 de enero al 31 de diciembre de este año, sin embargo los usuarios reportan que las unidades y las paradas de buses no cuentan con seguridad.
Según Edgar Guerra, Defensor del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), solamente tienen registro de un desembolso para la AEAU hecho en enero de este año por Q35 millones, de los cuales Q21 millones son para pago de diésel; Q8 millones para seguridad de las unidades y Q6 millones para el Transurbano. A criterio de Guerra este pago es ilegal porque el dinero está destinado para el subsidio del transporte y si fue utilizado en otros rubros, “así fuera autorizado por acuerdo gubernativo o por el mismo Papa, es ilegal”.
Se contactó por la vía telefónica a Miguel Ángel Sánchez, gerente general de Protección Total S.A., pero solicitó una entrevista por la vía personal. En la información proporcionada inicialmente especificó que no hubo traslado de recursos a su empresa. Según Guerra dicha compañía de seguridad carece del personal suficiente para atender la demanda a las unidades del Transurbano.
Por el momento se desconoce donde están los recursos, porque el único intermediario que los haría recibido (AEAU), aún no responde por los señalamientos.
Según el defensor, la empresa que ganó la licitación no cuenta con la cantidad de agentes que se especificaba en el concurso y subcontrató servicio.” La denuncia llegó por los mismos integrantes de las empresas subcontratadas, a uno de ellos les adeudan más de un millón de quetzales y es un tema que la Contraloría debiera estar estudiando desde el primer aporte que se dio por parte del Ministerio de Comunicaciones”, explicó el Guerra.
El incumplimiento de los pagos con las empresas subcontratadas llegaría a tal extremo, que el dueño de una de estas tuvo que poner recursos de su bolsa para pagarle a sus trabajadores, describieron en la PDH. Uno de los afectados informó a República.gt que no entienden por qué adjudicaron a Protección Total S.A., si carecían de la capacidad para el trabajo, además se trata de un negocio millonario que data de 2010 para el cual el Estado ha desembolsado unos Q320 millones.
Guerra aseveró que el recipentario de los recursos fue el Transurbano SIGA y que existen convenios de pago suscritos que debieron ser investigados, los cuales puso a la vista de Repúblicagt. En los documentos se consignó que Alejandro Sinibaldi era ministro de Comunicaciones y delegó la responsabilidad del convenio 02-2012 en su viceministro Guillermo Sosa y Rudy Maldonado, presidente de la AEAU, pero este último y Luis Gómez, también dirigente de la AEAU, no fueron posibles de localizar.
En un recorrido efectuado por Repúblicagt no se observó la presencia de elementos de seguridad privada. Tampoco abordo de las unidades y menos en las paradas.
Publicado el 01 de diciembre de 2015 en www.republicagt.com por Jessica Osorio http://www.republicagt.com/nacional/en-donde-estan-los-q96-millones-para-seguridad-del-transurbano/
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