¿Son los candidatos de Lider superiores a la ley?

Pero, regresemos a los hechos. Resulta que los casos que tanto le incomodan tienen como fundamento escuchas telefónicas en las que, prácticamente, se produce una confesión. Existe, por boca de los propios imputados, una declaración manifiesta de su participación delictiva. En el caso de Edgar Barquín esta participación es particularmente delicada. Utilizó su puesto como presidente del Banco de Guatemala para tender alrededor de Chico Dólar un manto de protección a fin de que este pudiera realizar con desahogo su labor de lavado de activos. Estos activos fueron utilizados de manera directa en el trasiego de drogas. Así las cosas, resulta que Edgar Barquín podría estar directamente implicado en un caso de crimen organizado. Exonerarlo de responder a este cargo es darle un espaldarazo al perverso vínculo crimen organizado-sistema político que amenaza con destruir el Estado.

La Corte Suprema de Justicia no puede darse el lujo de involucrarse como cómplice en esta difícil situación. No importando los berrinches, Edgar Barquín debe ser investigado. Y, por cierto, si de acudir a Estados Unidos se trata, ciertamente este caso toca más de cerca que ninguno de los otros los intereses de la nación norteamericana. Es solamente mediante la protección de los propios funcionarios públicos que el narcotráfico puede florecer.

¿Qué fundamento existe para el enojo de Manuel Baldizón? Resulta increíble que, dado el momento político que vive el país, él pretenda demandar, no solamente a las autoridades guatemaltecas, sino en el foro internacional, el privilegio de la impunidad. Prácticamente está solicitando públicamente que, dada su posición de candidato con mayor intención de voto (según él), se extienda una salvaguardia que permita la no aplicación de la ley a sus candidatos.

En estos días, mucho se ha hablado de salvaguardar la institucionalidad del país. Proteger a Edgar Barquín de ser investigado para dilucidar su responsabilidad penal es un ataque directo a la institucionalidad. Si la Corte Suprema de Justicia no accede a levantar este antejuicio, la violación a nuestro sistema jurídico sería de tal magnitud que implicaría la destrucción absoluta de la credibilidad en el sistema. ¿Para qué necesitaríamos un sistema jurídico que se doblega a proteger a los más altos transgresores del mismo?