Yo estuve en esa Plaza, a diferencia de muchos de los que ahora medran del sistema aceitado con impunidad y prebendas, y por eso puedo hablar en primera persona de la energía que emanaba “la calle”, esa clase media urbana trabajadora que llegó al Centro para gritar “¡Ya no más!”.
El hartazgo es mucho. Los que creen que aquí esto se resuelve de nuevo dándole largas a la gente, se equivocan. La impaciencia y la indignación se vienen gestando desde tiempo atrás. El primer estallido lo vimos en el caso Rosenberg, pero las circunstancias, que coinciden en la crispación social, fueron muy distintas entonces.
Quizá es importante subrayar que en ese momento, el consenso de la correlación de fuerzas de los factores de poder fue darle el beneficio de la duda al Gobierno y el cambio tangible que la crisis produjo fue la reforma a la ley de las Comisiones de Postulación.
Hoy no creo que el ardor pase así de fácil. La manifestación fue pacífica, ejemplar. Hasta la basura quedó recogida. Es cierto. Pero la vehemencia de esa plaza erizaba la piel y tanto el liderazgo político como las elites deben entender cuál fue el mensaje: esto no pasa con una aspirinita.
Entre muchos de las pancartas que las personas portaban en la marcha, gran cantidad aludía a la justicia y la independencia de los poderes del Estado. En otras ocasiones, los diputados son quienes se llevan buena parte del desgaste. Pero ya la gente entendió cuál fue la importancia de la cooptación de las cortes el año pasado.
La fianza de Q200 mil, otorgada a los cabecillas de La Línea, la organización que defraudó al tesoro desde las aduanas, la SAT y el propio Ejecutivo, indigna a la población que se informa y que entiende que el riesgo de fuga de esos personajes es enorme.
Resulta notorio y evidente que la jueza Marta Sierra no debería seguir conociendo el caso de La Línea, luego de la fianza otorgada y sobre todo, después de que afirmara que en al menos dos entrevistas que “el clamor popular” fue lo que motivó su fallo, al dejar ligados a proceso a los acusados.
De hecho, pareciera que la jueza Sierra de Stalling es la primera que no quiere seguir conociendo este caso, ya que una juzgadora con sus años y experiencia sabe que con semejantes declaraciones, ofrecidas a un medio escrito y a uno radial, adelanta opinión y se descalifica.
Tal y como ya lo han manifestado varios sectores, la primera demanda en concreto que exigía la muchedumbre reunida el sábado en el Centro Histórico es la renuncia del presidente Otto Pérez y de la vicepresidenta Roxana Baldetti, para que se garantice, aunque sea de forma mínima, una investigación independiente de la defraudación cometida por La Línea.
Es posible que la sociedad considere un paso suficiente que sea la Vicepresidenta quien ponga a disposición su cargo, caso para el cual definitivamente hay salidas previstas de orden constitucional. Ahora bien, no sé si las revelaciones que escucharemos a medida que prosigan las audiencias del caso SAT harán que eso baste.
Lo que yo no puedo dudar más es que la sociedad guatemalteca, no solo la de la capital, sino la concentrada en las principales ciudades del interior del país, envió un mensaje contundente este 25 de abril: quiere cambios y cambios serios.
Es hora de generar respuestas políticas genuinas, a la altura del momento.
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