Impunidad: síntoma de un Estado fallido

Luego, quien viola una ley debe saber que, irremediablemente, la consecuencia será el castigo o sanción prevista por la misma ley, sin excepción alguna. O sea que es imposible que pueda sustraerse a su imperio, y que siempre el peso de la misma caerá sobre su violador.

En Guatemala, si bien contamos con leyes el incumplimiento e inobservancia de las mismas es generalizado, comenzando por los propios gobernantes y autoridades encargadas de hacerlas efectivas o de aplicarlas. Luego, la espiral de conflictividad es terrible, ya que la resolución pacífica de disputas deviene ineficaz.

La impunidad, que es la falta de castigo o sanción a los que no ajustan su conducta a lo que disponen las leyes, indudablemente es el peor azote de nuestra sociedad, y el principal factor de erosión institucional y de pérdida de credibilidad en la autoridad.

Sin duda, el imperio de la impunidad es el peor flagelo de la sociedad guatemalteca, porque durante su reinado no rige el principio de que “el que la hace la paga” ni la premisa básica de la contratación que exige que se honre la palabra empeñada.

El infractor y el irresponsable son los privilegiados del régimen de impunidad que impera en nuestro país. Simplemente, no hay protección ni defensa para el ciudadano honrado que trabaja, invierte y cree en Guatemala.

El sistema premia al sinvergüenza, al pícaro, al deshonesto, al corrupto, al abusivo, al ladrón, al asesino y al criminal en general, y le garantiza que siempre se salga con la suya, y que, por consiguiente, se burle de la ley, de la justicia y de la gente que acata y cumple las reglas y las normas. Luego, la impunidad estimula el fraude, la violencia y el crimen, y sus mensajes a la sociedad son “el crimen paga” y “no confíe en la justicia oficial”.

Esto mina irremediablemente las instituciones y hace que las autoridades encargadas de hacer cumplir o aplicar las leyes pierdan credibilidad y la confianza de la ciudadanía, y explica el recurso a la justicia por propia mano.