Cuando la corrupción es un crimen

Es cierto, la SAT ha fallado en las metas de recaudación, pero el problema no es de disponibilidad financiera. Es un desorden administrativo proverbial, estimulado por conflictos de intereses y corrupción rampante. Por ejemplo, los precios a los que adquiere las medicinas el Ministerio de Salud Pública, y también el Seguro Social, son de escándalo, las más caras de la región.

El Estado falla en la prestación de los servicios básicos. Y es un crimen, pues, en cambio, se destinan Q100 millones para la compra de maquinaria usada a precio de nueva. Se ha firmado la compra de un equipo de control migratorio por unos Q800 millones: una empresa local, de cajón, subcontrata por unos Q240 millones a una firma mexicana que, se supone tiene experiencia, para dar el servicio entero; los Q560 millones restantes se reparten entre altos funcionarios y sus cómplices en calidad de “comisiones de intermediación”.
Por cierto, para financiar ese gasto gravoso las autoridades han dispuesto, mediante “acuerdo gubernativo”, un nuevo impuesto a los viajeros que, además, viola las regulaciones internacionales. Ese mismo equipo lo compraron en Panamá por el equivalente de Q8 millones y en Honduras por Q80 millones, y fue un escándalo. Así, todos los días estallan ese tipo de escándalos.

Es lugar común que el gobierno de turno es “el más corrupto de la historia”. Por otro lado, los órganos estatales de contrapeso no hacen su trabajo de fiscalización, ni el Congreso ni la Contraloría General de Cuentas y, eventualmente, tampoco el Ministerio Público ni los tribunales de justicia. Lo que puede hacer la sociedad civil, desde la prensa y ONG especializadas es denunciar los actos de corrupción y, como no pasa nada, la indolencia. El asombro ya no tiene cabida y alimenta la frustración.

Nunca llegaremos a cero corrupción, pero es factible promover reformas políticas, técnicas y administrativas que impidan que la corrupción alcance un grado tal que sacrifica la prestación de servicios básicos del Estado, y se pierda el control legítimo del uso de la fuerza. El reto es cómo cambiar ese sistema que ahora mismo se consolida con la alianza de facto de los grandes partidos que estarán en la próxima contienda electoral, y que no permiten modificar la fórmula que alimenta el caldo de cultivo de la corrupción, conduciéndonos al Estado fallido.