Estancamiento en el Congreso genera rechazo ciudadano

Los números fríos son estos: el Congreso tiene sesiones dos veces por semana, martes y jueves, pero entre el 20 de enero y el 17 de marzo fallaron las 17 plenarias por falta de quórum al no llegar al menos 80 de los 158 diputados. El presidente de ese organismo, Luis Rabbé, entrevistado por este matutino, afirmó que no se cansará de seguir citando a los legisladores, pero no se vislumbra un acuerdo que desate el persistente nudo que mantiene a este organismo del Estado sin cumplir a cabalidad sus funciones.

Analistas consultados en el reportaje que publicamos hoy señalan que las maniobras parlamentarias, que prolongan el empantanamiento en el hemiciclo, están dañando no solo la imagen, sino la legitimidad del Legislativo, debido a que de cara a la ciudadanía lo que se nota es que si no surgen asuntos que satisfagan los particulares intereses de las bancadas, no hay poder que haga atender las convocatorias al pleno.

El problema es que los intereses del país, en cuanto a avanzar en la aprobación de leyes relacionadas con la seguridad ciudadana, desarrollo rural, o aumentar la edad mínima para que una jovencita se case, quedan relegados al último lugar de la lista de prioridades de los parlamentarios.

Si la política es considerada el arte de lo posible, a la vista de los resultados en el Congreso esta máxima no tiene aplicación, pues simplemente no ha habido manera de conciliar intereses y llegar a acuerdos mínimos para impulsar una agenda que sea de beneficio general y no sectario.

La contienda electoral pondrá todavía más cuesta arriba los consensos, pero es obligación de los directivos del Congreso y de los jefes de bloque perseverar en el diálogo, para poner fin al letargo.

Es un error que los parlamentarios crean que la población no les cobrará la factura, rebajando aún más la poca credibilidad que pueda tener el Legislativo como la institución democrática fundamental que es. Anteponer los intereses de la patria no debe ser solo una frase trillada para 158 hombres y mujeres, que fueron elegidos para representar a millones de guatemaltecos que pagan sus sueldos y que esperan recibir a cambio resultados que beneficien al país.