¿Culpa de las leyes o de los hombres?

Pero resulta que lo que expresó el señor Portillo, solo resume la hoja de ruta que considera necesaria para convocar a ese “frente amplio” destinado a lograr acuerdos para el rescate de la institucionalidad del país. El problema es que los cambios dependerían de los consensos obtenidos en el marco de ese “frente” propuesto que hace temer la organización de una estructura que debilitaría aún más, los derechos de todos los ciudadanos, los límites al ejercicio del poder y a los principios de una República.

Ese pretendido cambio radical de sus instituciones, ¿se haría a partir de reformas a la Constitución Política de la República o un nuevo modelo definido una asamblea constituyente? Se habla de esa refundación del Estado, pero sin concretar los elementos puntuales, aunque sí lo hace la propuesta de otro expresidente, el ingeniero Jorge Serrano con su organización MAS.

Curiosamente, se trata de dos expresidentes con juicios pendientes pero que serían los escogidos para ir a la cabeza de movimientos reformistas planteándose como “estadistas que no piensan en la próxima elección sino que piensan en la próxima generación”.

Y uno se pregunta, ¿será que la facilidad de palabra y las propuestas concretas, (que sí mandan un mensaje de liderazgo) son suficientes para convencer a la ciudadanía de su genialidad? En la propuesta de Serrano está clara su línea y sus rabias no superadas; pero en la de Portillo, quedan muchas dudas.

¿Tienen la solvencia moral estos expresidentes procesados por las ilegalidades durante su mandato, para plantearse como Mesías hacia un cambio radical del Estado? ¿Y conviene a la ciudadanía que hoy cuenta con una Constitución garantista de los derechos de toda persona, arriesgarse en un rumbo desconocido?

¿Puede creerse lo que expresa alguien que ataca al empresariado cuando él mismo, gracias a su ganancia en su paso por la presidencia hoy vive como “pashá”? ¿Y cuánto de su propuesta no responde a la rabia persistente hacia instituciones que salvaron a los ciudadanos de una dictadura al impedir que se concretara la toma del poder absoluto en el año 93?

Porque nadie cuestiona que tanto Serrano como Portillo mostraron garra para gobernar; el primero, muy preparado, con una personalidad prepotente y autoritaria, (que se sigue proyectando), apoyado por un Estado Mayor Presidencial que más allá de las palabras fue operador en la persecución de sus críticos con distintas acciones que se evidenciaron a cabalidad 22 años atrás, especialmente centrado en los medios de comunicación y el diario Siglo Veintiuno. Cómo creer en un autodenominado estadista que rompió flagrantemente el orden constitucional al “suspender” artículos claves y determinantes a los principios relativos a la organización del Estado (Artículos 140, 152 al 156 constitucionales, entre otros).

El segundo, Portillo, hábil de pensamiento y palabra, con aquel discurso rabioso, quien poco más de una década atrás, lograba mover emociones favorables a su persona, aunque promoviendo el resentimiento y el odio hacia el sector “pudiente” de los guatemaltecos, sin diferenciar entre el capital bien habido y producto del esfuerzo de varias décadas y el repentino capital mal habido como los culpando a los primeros de todo lo malo que prevalecía en el país e ignorando la corrupción de los segundos.

También cabe recordar su constante ataque a los medios de prensa como lo refleja la agresión sufrida por el ingeniero Jose Rubén Zamora en el allanamiento a su residencia; además del Jueves Negro, etcétera.

Lástima la semilla de odio que sembró y que de manera semejante y acelerada reproducen determinados “líderes” populistas que han seguido sus pasos fertilizado la consigna de destruir y no de construir.

Y es que llama la atención cómo estos exgobernantes sometidos a procesos judiciales por variadas violaciones a la ley, ahora se proponen como Mesías, impulsores de una reforma del Estado que “permita retomar la institucionalidad”.

No puede sino señalar la irracionalidad de confiar en estos personajes que carecen de la solvencia moral para promover tan revolucionarios cambios al Estado.