La décima parte

Las muertes de mujeres víctimas de violencia, quizá por ser un tema cotidiano, no llegan a impactar lo suficiente —en la sociedad ni en el entorno político— como para oponerle una estrategia contundente y atacar no solo la comisión de los crímenes, sino también la impunidad que los rodea desde el momento mismo de producirse. Esta especie de entorno amortiguador, que va desde la denuncia hasta el expediente empolvado por años de inacción, va generando una suerte de fatal aceptación de estos hechos como parte de uno de los rasgos culturales de las sociedades machistas.

El Centro de Justicia de delitos de femicidio y violencia contra la mujer, cuya creación marcó un antes y un después en el tratamiento de estos casos, también enfrenta presiones de un sistema de cortes eminentemente patriarcal, integrado por juristas esencialmente renuentes a aceptar una apertura tan revolucionaria y contraria a sus más arraigados prejuicios. Sin embargo, de este Centro y los que se instalen en todo lo largo y ancho del país depende el avance de una administración de justicia con concepto de género, capaz de reducir la inconcebible impunidad de que gozan los victimarios.

El irrespeto por la mujer surge, en la mayoría de los casos, desde el momento mismo del nacimiento de una niña. Es cuando se la cataloga como un ser inferior, cuya existencia representa una especie de pérdida en el juego de la ruleta cromosómica. No despierta mayores expectativas y conforme pasan los años se la discrimina, se la relega a tareas de servicio y se la priva de poder de decisión sobre su cuerpo y su vida. Luego, el sistema se encarga de institucionalizar ese sometimiento en los ámbitos político, económico, jurídico y religioso.

El femicidio, por tanto, se podría considerar un fenómeno asociado con un marco valórico de sociedades con gran arraigo en un pensamiento patriarcal que la cruza transversalmente en todos sus aspectos y no la deja avanzar en la ruta de la equidad. Para ello se necesita algo más que voluntad política, se requiere de un contexto capaz de garantizar la justicia de manera oportuna. Volviendo a las más de seis mil 370 mujeres asesinadas en la última década, ¿qué pasó con sus asesinos? No mucho, apenas se lograron 606 condenas. Eso significa que nueve de cada 10 presuntos asesinos andan por ahí presumiendo de su victoria frente a una justicia incapaz de alcanzarlos. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Más violencia de género gracias a esa garantía de impunidad que parece ofrecer el sistema.