Grotesca y vengonzosa impunidad

En recientes declaraciones al diario La Hora, el fiscal contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), Alexander Villeda, expresó que la ilegal y extrapresupuestaria “deuda pública flotante”, contraída por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), denunciada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) en el 2011, se reduce a “errores administrativos” en el registro de las contrataciones, los cuales fueron subsanados mediante la emisión de un acuerdo del Ministerio de Finanzas en el 2010.


En noviembre del 2011, en las postrimerías del régimen de Álvaro Colom (2008-12), la CGC presentó dos denuncias, una debido a la deuda pública flotante de Q9 millardos, contraída por la Dirección General de Caminos del Micivi, y otra por la deuda pública flotante por Q2 millardos, contraída por la Unidad de Conservación Vial del Micivi.

Para el fiscal Villeda estas denuncias versan sobre proyectos que no fueron registrados debidamente en el sistema informático de las instituciones encargadas, extremo que se resolvió mediante el referido acuerdo ministerial, en el que se autoriza la inscripción y actualización de los contratos otorgados antes de 2010. Es decir que, a través de un “plumazo” ministerial se pretende subsanar contrataciones multimillonarias ilegales y extrapresupuestarias.

“Si pueden actualizarse y hacer una conciliación de saldos en la Dirección de Contabilidad del Estado y luego autorizar lo demás con el Sicoin (Sistema de Contabilidad Integrada del Gobierno Central) y registrarlo, el problema pudiera ser, en ese caso de la deuda anterior, algo que no había sido registrado”, expresó el fiscal Villeda al diario La Hora.

Para comenzar, sería interesante que el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, se refiriera al giro inaudito que están tomando las conducentes denuncias que presentó su antecesora, Nora Segura, en noviembre de 2011, plenamente fundamentadas y acreditadas. Asimismo, convendría que la fiscal General de la República, Thelma Aldana, se pronunciara sobre el inaudito criterio del fiscal Villeda.

¿Qué sentido tiene el esfuerzo de elaboración y aprobación del presupuesto estatal anual si, finalmente, los funcionarios públicos pueden hacer contrataciones que no tienen partidas ni espacios presupuestarios, y que después son convalidados por acuerdos ministeriales? Por favor, que no nos vengan a dar atol con el dedo. Vayan a otro lado con esa historia de fantasía. La ley es la ley. La ley se cumple o se aplica, y punto. Los atajos a la ley están prohibidos y son nulos de pleno derecho.

Publicado el 12 de febrero de 2015 en www.elperiodico.com.gt por Editorial El Periódico
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150212/opinion/8427/Grotesca-y-vengonzosa-impunidad.htm

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