HUGO MAUL R.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender la entrada en vigencia del impuesto a la telefonía, supuestamente, pone al Ejecutivo en graves aprietos. La suspensión definitiva de este nuevo tributo privaría al Gobierno de unos Q1.3 millardos durante el presente ejercicio fiscal. A primera vista, un importante problema para las finanzas públicas; un “hoyo” fiscal de regular tamaño que requiere, aparentemente, acción inmediata. De esa cuenta, ni lentos ni perezosos, oficialismo y oposición evalúan ya la creación de nuevos tributos o el aumento de alguno de los existentes para resolver lo antes posible el problema en ciernes. Según ha trascendido, el Ejecutivo evalúa el aumento al impuesto a la distribución de bebidas y el impuesto sobre el tabaco; algunos en la oposición hablan de aumentar la tasa del IVA; otros consideran la posibilidad de un impuesto compensatorio sobre la distribución de combustibles, aprovechando la drástica caída del precio internacional.

Hasta aquí la aritmética no miente: si el total ha de mantenerse igual, cualquier reducción en alguno de los sumandos deberá compensarse con el aumento de algún otro sumando o con la introducción de un elemento dentro de la suma. No obstante, en lo que se refiere al financiamiento del presupuesto público para 2015 no basta con un simple análisis aritmético basado en la suma de tributos. El “hoyo fiscal” que hoy se quiere hacer ver como un problema, en realidad no lo es: bastaría con que el Ejecutivo tomará la decisión de no ejecutar los Q1,965 millones de los “Otros aportes a cargo del Micivi”, incluido dentro de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro para que dicho hoyo desapareciera por completo.

Si dichos gastos no existieran no habría necesidad de estar inventando nuevos impuestos o amenazando con subir los existentes. Sobre todo, dado que sigue sin saberse a ciencia cierta la legitimidad, efectividad y relevancia de los gastos que quedarán incluidos en tan oscura partida contable. Dado el ambiente tan viciado que rodeó la aprobación del presupuesto público para 2015, bien haría el Ejecutivo en recortar la ejecución presupuestaria para no castigar más el bolsillo de los contribuyentes. Más aún si se trata de gastos contenidos en partidas presupuestarias de dudoso origen, calidad y efectividad. Nada se gana inventando nuevos impuestos o aumentando los existentes para financiar ese tipo de gasto.

Si se da por sentado, como muchos políticos lo quieren hacer ver, que todo gasto público es necesario, urgente, legítimo y correcto, no queda al contribuyente más que seguir pagando cada día más. Afortunadamente, en este caso y en muchos casos más, queda claro que la necesidad de aumentar la recaudación tributaria no tiene justificación legítima alguna del lado del gasto público. Es así como, en realidad, el problema no es problema: más que faltar Q1.3 millardos de recaudación tributaria, sobran, como mínimo, Q1.965 millardos de gasto público.