El negocio infame y corrupto de control migratorio en el Gobierno

Un negocio, excesivamente oneroso y fuera de toda proporción, finalmente ha sido consumado. El nivel del sobreprecio tiene pocos precedentes en la historia de la infamia y la corrupción de Guatemala. La primera vez que fue adjudicado, el proceso estaba tan viciado y saturado de anomalías, que con mucho tino y coraje el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, no obstante las presiones presidenciales, lo tiró por la borda. En el reintento, buscó maneras y caminos para no firmar el contrato, pero las presiones del Presidente de la República lo abrumaron y vencieron. La inversión de los equipos para el control migratorio alcanza los US$110 millones, mientras un equipo semejante, aunque con menor cobertura, lo compró el Gobierno de Panamá en US$3 millones, y Honduras lo pagó en US$10 millones, lo que se convirtió un escándalo de corrupción en el vecino país.

La trama tras bambalinas de este negocio, lejos de ser sofisticada, es una grosería cuya arquitectura es burda, tosca y llena de desfachatez: la principal gestora de este vergonzoso robo a los guatemaltecos es Ana Noemí Santamaría, quien tuvo su paso e historia en nuestro país hace algunos años y registra domicilio “profesional” como abogada en Santa Fe Oeste 577, San Juan, una provincia de la República de Argentina, situada a más de mil kilómetros de la capital federal. Santamaría, quien fue representante legal y administradora única de Swiss Purchasing Company, y ahora colabora con Gustavo Marcelo Brignone, registra entre sus antecedentes haber sido sancionada e inhabilitada por diez años por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por Práctica Corruptiva: Art 5.02 (c)(i) Normas Generales, Contrato de Préstamo1059/SF-HO. Su sanción finaliza el 20 de febrero de 2018, por lo que no puede hasta esa fecha, ni ella u otra organización o empresa ligada a su persona, participar en actividades económicas, empresariales o profesionales, vinculadas con los organismos internacionales multilaterales: BID, Banco Mundial, las Naciones Unidas, entre otros.

Brignone, por su parte, es uno de los tres directores de la empresa Security Assistance Group (SAG AG), y que creó para sus patrones con el asesoramiento de Santamaría, la empresa Security Assistance Group Guatemala, S. A. el 1 de febrero de 2013. Como era obvio y no aconsejable que Santamaría fuera socia fundadora y menos aún representante legal y administradora única, debido a la sanción que aún tiene que cumplir, eligió en su reemplazo a María Bertha Gómez Morales (guatemalteca) y ambos son los socios fundadores de la empresa guatemalteca, la cual registraron con un capital pagado de Q5 mil, de los cuales Brignone aportó Q4 mil 500.

Gómez Morales, representante legal de la empresa y socia fundadora, fue colaboradora de Santamaría mientras desarrolló sus actividades en Guatemala; para ser más precisos, laboró como telefonista. Sus antiguas compañeras de trabajo la recuerdan con el mote cariñoso de Bertita. Hoy, Bertita, más allá de ser la representante legal de esa empresa de supuesta alta tecnología en materia de seguridad para los países del mundo, es propietaria de una empresa individual, el restaurante y pizzería Los Canelones, con NIT 406440-2, en la ciudad de Guatemala.

Gustavo Marcelo Brignone, el supuesto socio principal de la sociedad anónima guatemalteca, que se ha adjudicado con el concurso de sus patrones el contrato de compra de los sofisticados equipos de control migratorio de más de US$110 millones, según los registros de moneyhouse.ch, forma parte, conjuntamente con Francesca Navratil-Bertola, oriunda de Vacallo, Cantón de Tesino en Suiza, y David Francisco Costaguta, que al igual que Brignone acreditan ser originarios de Argentina, de la sociedad Security Assistance Group AG, con domicilio legal en Gubel Strasse 19 6300 Zug Suiza.

Navratil-Bertola figura laborando en SAG AG y registra también haber participado en la Fundación Pro Infantibus hasta 2006, cuando dicha fundación fue dada de baja. Brignone y Costaguta no registran actividad comercial o profesional alguna en Suiza, pero de acuerdo con la Clave Única de Identificación Tributaria de la Argentina (CUIT) están registrados en Argentina como trabajadores autónomos Categoría T1 Cat IV, con ingresos aproximados de US$3 mil mensuales (Brignone), y Costaguta también como trabajador autónomo Categoría T1 Cat III, con ingresos menores a US$2 mil. Según el portal de cuitoline.com, ninguno de los dos socios de la empresa matriz SAG AG y de la empresa guatemalteca que fundó con Bertita, registran empleados ni integran sociedad alguna.

Representan para el Estado argentino trabajadores autónomos, es decir independientes, de niveles ingresos muy bajos, también con bajos niveles de actividad comercial, sin empleados y sin integrar sociedad alguna, y, en Suiza, están registrados como personas de paso, que constituyeron SAG AG, que registra domicilio legal en Gubel Strasse 19 6300 ZUG Suiza, donde no hay registros ni información de actividad operativa alguna.

De regreso a la información de portal de moneyhouse.ch, la empresa SAG AG registra un capital de 100,000 CHF, pero no reporta personal, ni facturación, ni sucursales o agencias. Esa es la casa matriz que respaldaría, desde Suiza, a la empresa de Bertita y Brignone en Guatemala, que se ha llevado un contrato de más de US$110 millones provenientes de los bolsillos de los guatemaltecos.

Esta es la burda historia de la sociedad chapina y de su casa matriz, que se hizo cargo de un contrato de decenas de millones, de sofisticada tecnología para realizar el control migratorio. Con todo el respeto posible: si esta es la solvencia y estructura de la empresa matriz, qué se puede esperar de la empresa local de “alta tecnología”, cuya socia es una reconocida extelefonista, propietaria, en la actualidad, de una empresa individual que vende canelones y pizzas.

La supuesta “gran corporación” suiza, de “alta tecnología”, en su página web sag.corp.com, señala expresamente: “Más allá de nuestras oficinas centrales en Zug, Suiza, estamos presentes en el resto de Europa, Norteamérica, América Central y Latinoamérica”. Pero ni en la página, ni en Internet existe dato alguno que permita identificar y verificar alguna presencia de la empresa en las regiones del mundo señaladas, excepto la de su domicilio legal en Zug. De la página institucional de Internet de la empresa y de la información disponible en la red, no surge evidencia de la actividad de esta empresa, ni de proyectos que haya ejecutado, liderado o simplemente en las que haya participado, aunque sea, como se suele decir, poniendo un ladrillo.

Es posible asegurar –existen correos electrónicos como evidencia– que a espaldas del Ministro de Gobernación los corruptos han contado con la gestión de Ana Noemí Santamaría, quien, como anoté, por este tipo de prácticas ha sido sancionada por el BID. Han participado en esa operación funcionarios del Ministerio, encargados y administradores de la gestión de este proceso, expertos en compras y contrataciones fraudulentas, traficantes de influencias y abogados especializados en blindar este tipo de transacciones corruptas, que han burlado al propio titular de la cartera del Interior, entre ellos Vernon Ayala. Sin embargo, es un secreto a voces en los pasillos de Casa Presidencial y del Ministerio de Gobernación, que el gran arquitecto de esta negociación, es el más experimentado traficante de influencias de la región y hoy en día, con uno de los cargos diplomáticos más prominentes y pesados en el exterior.

Es difícil de digerir, pero el único antecedente profesional de la empresa SAG AG casa matriz, que acreditan y destacan en su ventana de “noticias”, es su participación en la Feria Internacional del Aire y el Espacio “SAG en FIDAE 2014”; señalando: “SAG auspició la Conferencia Internacional IATA-FIDAE Wings of Change 2014, que se realizó en Santiago de Chile, los días 26 y 27 de marzo de 2014”.
En su portal manifiestan que cuentan con un socio tecnológico señalando:

“Trabajamos en forma conjunta con nuestro socio tecnológico NEC Corporation (NEC). Nippon Electronic Company (NEC)”, una corporación japonesa fundada en 1899, presente en 199 países a lo largo de los cinco continentes, con más de 145 mil empleados.

“NEC, con especialidad en las áreas de comunicaciones, consumo masivo, gobiernos y empresas, posee amplio “expertise” en soluciones de seguridad, de gobierno electrónico, multibiometría y servicios profesionalesî.

“NEC, a través de desarrollos propios, es el soporte ideal de soluciones tecnológicas para las distintas áreas de gobierno que se involucren, con el mismo nivel de calidad, en cualquier parte del mundo”.

“El consorcio suizo-japonés SAG-NEC, tiene la experiencia y el aval necesario para ofrecer soluciones novedosas en diferentes países, como ya lo han podido comprobar los gobiernos de 24 países, entre los que se encuentran Corea, Singapur, Kenia, Guinea Ecuatorial, Francia, y en Centro y Latinoamérica, México (Renapo), El Salvador (tecnología Docusal), Costa Rica (Poder Judicial), Ecuador (Registro Civil de Guayaquil), Bolivia (Corte Nacional Electoral), Chile (Control Fronterizo, Aeropuerto de Santiago, Registro Civil), Argentina (Documento Nacional de Identidad, Casa de Gobierno, Congreso de la Nación), Brasil (Registro Civil)”, mencionan.

Sorprendentemente, de la información tanto del portal de SAG AG como del portal de NEC, no surge ninguna información que permita identificar y confirmar los proyectos en los que ha participado aliados, coinvertido, o han compartido el supuesto consorcio suizo japonés SAG-NEC.

La evidencia apunta, sin equivocaciones, a que SAG AG es, ni más ni menos, una empresa de cartón; no existe registro oficial del consorcio suizo-japonés SAG-NEC, ni de la asociación con NEC México, ni de los proyectos que supuestamente han desarrollado exitosamente.
Por tanto, es altamente factible que SAG AG de Suiza y SAG Guatemala sean también empresas de cartón, cuyo papel en este millonario negocio es encargarse de cobrar un excesivo y escandaloso sobreprecio y distribuir los millones de dólares de utilidades entre los socios que permanecen ocultos, y que son los padrinos de esta fraudulenta y onerosa compra del Estado.

La única actividad concreta y palpable fue su patrocinio de FIDAE 2014, donde presentaron dos botellas, posiblemente de agua pura, con el logo de SAG.

La negociación de una compra de equipo de alta tecnología y de esta dimensión económica solo podría haber tenido lugar por medio de una licitación internacional, abierta y competitiva. Jamás en un proceso cerrado, como planificó intelectualmente Santamaría, con empresas invitadas a dedo, en una de cuyas rondas, sospechosamente, fue invitada NEC México, por si alguien tuviese dudas que el negocio de más de US$100 millones pudiese estar amarrado.

Las autoridades de Gobierno han expresado con vehemencia que la compra de alta tecnología de control migratorio es una respuesta a las enormes presiones de México y Estados Unidos.

México aclaró a Prensa Libre que jamás ha ejercido presiones para que se realice esa compra, y consultados funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, manifestaron que han estado interesados en escaners para el equipaje que sale de Guatemala hacia su país y están dispuestos a donar el equipo necesario, y, aunque ven con simpatía las mejoras tecnológicas en cualquier país del mundo, incluyendo Guatemala, no han ejercido ninguna presión para que la compra de equipos para el control migratorio a SAG ocurra.

A finales de la semana pasada, planteé a las autoridades que me causaba extrañeza, enormes suspicacias y sospechas que María Bertha Gómez Morales, Bertita, respetada telefonista y con experiencia en pastas y pizzas, fuese socia fundadora y administradora de SAG y no hubo respuesta, hasta hace tres semanas: Bertita fue sustituida por la licenciada Claudia Lorena Solares Samayoa de Bonilla, quien trabajó durante el primer año de este Gobierno como asesora de Pavel Centeno en el Ministerio de Finanzas Públicas, y este año en la Gerencia de la Empresa de Generación del INDE, aunque en los últimos meses ha laborado en un bufete privado. Solares Samayoa de Bonilla es allegada de Vernon Ayala, asesor específico de compras del Ministerio de Gobernación, como se puede ver en nuestra investigación del pasado 10 de noviembre, Tráfico de influencias en licitación del sistema de control migratorio.

Aunque el contrato está consumado, las autoridades prefieren mantener en secreto su nuevo negocio, quizás para no generar más descontento del que se ocasionó después de la aprobación de forma ilegal del multimillonario Presupuesto para el próximo año.

La justificación de la compras

El sistema de registro y control migratorio biométrico, que será proveído por la empresa SAG,  capta y compara las huellas dactilares y las fotografías del rostro de las personas que ingresen o salgan del país, ya sea por vía terrestre, aérea y marítima.

Sancionada por el BID

Ana Noemí Santamaría, colaboradora del socio principal de la empresa a la que el Gobierno le adjudicó el contrato por US$110 millones, fue sancionada por el BID por práctica corruptiva. Su sanción finaliza el 20 de febrero de 2018.

Una telefonista, la fundadora

La guatemalteca María Bertha Gómez Morales, junto a Gustavo Brignone, son los socios fundadores de la empresa Security Assistance Group (SAG AG), empresa a la que se le adjudicó el contrato millonario para obtener equipo. Gómez trabajó como telefonista de Ana Noemí Santamaría.