“Por la corrupción del lenguaje empiezan otras muchas corrupciones…”

En uno de tantos spots el presidente afirma que “ha pactado precios” con los empresarios para evitar el alza de precios, situación que a todos nos consta que no corresponde a la realidad, pues no media ningún documento o compromiso escrito que comprometa a los oferentes de estos productos y/o servicios. Es más los mismos dirigentes empresariales que se entrevistan en el mismo spot gobiernista se cuidan al hablar de estimaciones y proyecciones sobre los precios, conocedores que no hay ningún compromiso que los obligue a congelar precios.

En la misma línea y siguiendo el ejemplo de su padre, el alcalde de Mixco presume en otro mensaje publicitario que está realizando obras tales como la colocación de cámaras de vigilancia pública, un estadio y otras más, mismas que están siendo financiadas con presupuesto de otras dependencias y no de la mencionada municipalidad, es decir saludando con sombrero ajeno .

Si abierta y públicamente el gobierno está pagando millones de los contribuyentes para difundir estos mensajes engañosos, asumiendo tal vez acertadamente que los guatemaltecos aguantamos de todo y con todo, llevando la corrupción al mismo lenguaje, imaginen qué está pasando con el gasto público desprovisto ya en la práctica de controles y rendición de cuentas y últimamente legalizado así en el presupuesto aprobado para el 2015.

En la mayoría de países funcionan entes reguladores que velan porque los mensajes publicitarios que ofrecen productos y servicios correspondan en contenido, calidad y propiedades a lo que se anuncia. Los fabricantes se ven muchas veces sancionados y obligados a retirar la publicidad engañosa en que incurren.

¿Pero qué pasa cuando en un país es el mismo jefe de Estado el que alienta la publicidad engañosa sin que ningún control estatal, llámese Contraloría, Congreso o juez, le llame la atención y le obligue a dejar de malgastar los fondos públicos anunciando mentiras?

La respuesta a esta interrogante es que en una sociedad que no conoce la indignación, el fenómeno en cuestión tienda a agravarse invirtiendo aún más recursos públicos en esta saturación de mensajes oficialistas en pleno año electoral, buscando como lo han hecho todos los gobiernos anteriores, construir inútil pero cuantiosamente, una percepción favorable a su gestión, mientras en las calles la mayoría de ciudadanos se chocan con una realidad cada vez más dura.