Sello de ilegítimo

Uno de los tres aspectos centrales del Estado, en su sistema legal, medido a través de la efectividad para responder a las demandas de la población. Eso se traduce en un medidor para ver la calidad de la democracia y las posibilidades para hacer avanzar los procesos sociales y políticos. De allí que un Estado débil, como el guatemalteco, se caracterice, atendiendo al pensamiento de Guillermo O’Donell, porque “no penetra ni controla el conjunto de su territorio, ha implantado una legalidad frecuentemente truncada y la legitimidad de la coerción que lo respalda es desafiada por su escasa credibilidad como intérprete y realizador del bien común”. Ese pensador señala, como una de sus tesis para explicar el estado de la democracia en América Latina, que “el principal problema del Estado latinoamericano no es el tamaño de las burocracias,  sino la ineficacia de estas, la inefectividad de su sistema legal y la escasa credibilidad de Estado y gobierno.
 

Este Estado débil y angosto es un grave impedimento para avanzar en la democratización de los respectivos países”.

Esa notoria acumulación de factores orientados a la imposibilidad como sociedad, quedan al desnudo al presenciar lo que ha acontecido con la elección de las Cortes de Justicia. No es que mis expectativas fueran del tamaño de la Catedral, pero lo lamentable es el deterioro acelerado de lo que pudo haber sido y las transformaciones viciadas donde hay recambio de estructuras, actores y visiones que ensombrecen presente y futuro.

Los procesos de postulación han sido una burla flagrante, cargado de arbitrariedades. Las denuncias y acciones legales son un indicador de las precariedades, juegos maliciosos y negociaciones que han quedado evidentes en videos y fotografías; muestras concretas de la acumulación de perversidades.

Transas al por mayor, descaros totales, muestras de una impunidad que desborda cualquier expectativa. Algunos sectores piensan que las cosas pudieron ser peor, si en el caso de la elección para la Corte Suprema  hubiesen sido reelectos varios de los actuales o si los candidatos cercanos al oficialismo lograran copar los listados finales. Los resultados comprometen a los electos, quienes difícilmente podrán tomar distancia de los compromisos a los que obedecen por el apoyo recibido. Las decisiones finales del Congreso están cargadas de ilegalidad, no son legítimos y están moralmente comprometidos. Se ha causado un daño enorme a la deseable independencia judicial.

Se reconfigura la institucionalidad de la justicia y los actores que se movilizan, condicionan e interactúan entre sí para crear nuevas parcelas del poder; porciones que en ciertas coyunturas se juntan tras objetivos que antes sonaban a ilegítimos, pero que ahora llegan de la mano de actores emergentes, financiamientos oscuros y desbordantes, así como el debilitamiento y cooptación de pseudoinstituciones “académicas”, que ahora juegan de actores decorativos o comparsas, cediendo la cancha a los astutos.

Lo que para muchos es un final, para esos es el inicio de nuevas vorágines.

Publicado el 01 de octubre de 2014 en www.prensalibre.com por Renzo Lautaro Rosal 
http://www.prensalibre.com/opinion/Sello-de-ilegitimo_0_1222078094.html

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