Su dicción pausada, una voz dulce y algo tímida y la breve risa de eco infantil que en ocasiones se permite, logran calmar el ánimo de quien escucha a Paz y Paz, incluso aunque acabe de conocerla. En ella es algo más que una habilidad innata: muchas veces su templanza se ha convertido en un recurso de terrible, de trascendental importancia. Casi como una estrategia de supervivencia. Como cuando, estando ella al frente del Ministerio Público guatemalteco, el cártel de Los Zetas secuestró a un fiscal, lo descuartizó y esparció sus miembros por todo Cobán.
Tras dimitir en pleno la oficina local de la fiscalía, Claudia reunió a su equipo en Ciudad de Guatemala. La estabilidad del Ministerio Público pendía de un hilo. La fiscal general habló y los ánimos se apaciguaron. Dijo que ella seguiría adelante. Y su equipo la siguió.
Ahora observa la actualidad de su país desde fuera. La doctora Paz y Paz abandonó Guatemala tras ser relevada del Ministerio Público en mayo de este año, siete meses antes de que acabara su mandato. Según una interpretación técnica, los cuatro años de que disponía en el cargo debían incluir el breve periodo que ocupó su predecesor, que fue destituido. Pero es vox populi que la élite político-económica, con gran influencia en el Poder Judicial, le pasó factura por su audacia.
Paz y Paz se había comprometido a traer justicia para las víctimas del genocidio maya de los 80. Y cumplió con un órdago a la grande: sentó ante un tribunal al exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, acusado de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra al menos 1771 ixiles que murieron a manos del Ejército durante su mandato.
El antiguo mandatario fue hallado culpable y condenado a 80 años de cárcel. Sin embargo, tras múltiples presiones recibidas desde la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala y la patronal CACIF, principalmente, la Corte de Constitucionalidad declaró nulo el juicio. Se alegaron supuestas irregularidades en el proceso, que deberá repetirse a partir de enero de 2015.
Claudia Paz y Paz participa hoy en el ciclo de conferencias “Mujeres contra la impunidad”, que organiza la Asociación de Mujeres de Guatemala en La Casa Encendida de Madrid. En la primera entrevista que concede tras salir de Guatemala, la ex fiscal general habla con EL MUNDO sobre el emblemático juicio y sobre las trabas a la justicia en el país centroamericano.
¿Tenía usted claro que debía abandonar Guatemala el mismo momento en que cesara en su cargo?
- Yo quería regresar a la academia y ésta era una buena oportunidad para trabajar fuera como investigadora. Pero también, como fiscal general pertenecí a una institución que afortunadamente hizo bien su trabajo. Muchas personas fueron procesadas y condenadas entonces, y ahora para mí es mejor estar fuera.
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¿Temía también alguna estrategia para encausarla judicialmente y retenerla en el país?
- De hecho, cuando fui fiscal, la Fundación contra el Terrorismo y la Liga Pro Patria presentaron querellas contra mí que fueron desestimadas por la Corte Suprema por espurias. Eran por situaciones ocurridas muchos años antes y las presentaron todas justo en los días del proceso de elección, para poder señalar mi nombre. Después presentaron otra por un impago durante mi gestión, me embargaron las cuentas y me arraigaron [el arraigo es la prohibición de salir del país], pero yo ya no me encontraba en Guatemala. Esa sentencia se recurrió y se suspendió.
- ¿Me está diciendo que fue obligada a responder con su patrimonio por un pago que el Ministerio Público, como institución, no hizo?
- Exacto.
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Usted no proviene de los círculos endogámicos que tradicionalmente han nutrido al sistema judicial en Guatemala: sus orígenes profesionales están en la defensa de los Derechos Humanos. Su nombramiento como fiscal general en 2010 seguramente desconcertó desde el primer momento al ‘lobby’ empresarial y la derecha tradicional.
¿Carecer de padrinos conocidos en estos círculos le ha perjudicado?
- Yo creo que una de nuestras mayores fortalezas como equipo al frente del Ministerio Público fue precisamente que no teníamos padrino. Nuestra guía era la ley, y nada respondíamos a otro tipo de intereses que no fueran defender el reclamo de las víctimas por justicia.
- La campaña de acoso y desprestigio contra usted ha sido descarnada.
- Especialmente cuando se inició el juicio [a Ríos Montt y al que fue su jefe de Inteligencia, José Mauricio Rodríguez], se hizo todo sin basarse en una estrategia jurídica sólida, sino en una campaña negra contra mí, contra otros defensores de los Derechos Humanos o contra la cooperación internacional. Una campaña muy ideologizada, además, que quería generar terror. Porque esas listas y esos panfletos que aparecieron durante el juicio ya aparecían en la época de la guerra nombrando a las personas que después iban a ser asesinadas.
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¿Durante el juicio esas listas negras aparecieron en medios de comunicación?
- Sí.
- ¿Los promotores de esta campaña pensaron que el juicio no acabaría en Ríos Montt? ¿Temían algo parecido a una caza de brujas contra las élites que prosperaron a la sombra de la dictadura?
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El proceso estaba dirigido a enjuiciar al ex jefe de Estado y a su alto mando. Todos no pudieron ser procesados porque algunos estaban muy enfermos. Luego, alrededor de este hecho se levantaron muchos temores que no eran reales, sobre hasta dónde iba a llegar. Era un caso muy sólido, construido con testimonios de muchas víctimas a lo largo del tiempo, pero exclusivamente contra estos acusados.
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Existe una fundación en Guatemala que califica de “terroristas” a quienes reclaman justicia para las víctimas del Ejército durante la guerra civil de Guatemala, y los acusa de querer dividir el país.
- Es absolutamente legítimo el derecho de las víctimas a exigir justicia. Su reclamo venía desde hace muchos años y no había sido escuchado por el sistema legal. Hay algunos casos, como el de la masacre de Dos Erres, donde más de cincuenta amparos detuvieron las órdenes de captura que se habían girado desde principios del año 2000.
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Sólo diez días después de la sentencia condenatoria la Corte de Constitucionalidad declaró nulo el proceso. ¿Supuso esto una derrota para los defensores de los Derechos Humanos?
- No, no. El proceso está calendarizado de nuevo para enero de 2015, y además hay otros procesos en marcha. El mero hecho del juicio yo creo que fue algo muy importante para mi país. Y que las víctimas pudieran ser escuchadas en la sala más grande de justicia, que es el auditorium de la Corte Suprema, que pudieran estar frente a su victimario en igualdad de condiciones para decirle a la cara y en su propio idioma [ixil]: “Tú hiciste esto”. En América Latina no hay un precedente a este proceso. Es la primera vez que un tribunal nacional condena a un ex jefe de Estado por genocidio.
- ¿Cuándo fue consciente de que algo antes impensable como era un juicio a Ríos Montt se convertía en una posibilidad real?
- Las querellas ya estaban presentadas por la asociación de víctimas, la AJR, desde 2002 o 2003, y hubo bastantes reclamos sobre estos casos que nos eran denegados, como por ejemplo la entrega de documentos militares. Un tribunal nacional decidió que debían entregarlos y la Corte de Constitucionalidad lo ratificó. Por otro lado, la Corte Interamericana estableció que, para los casos sobre Derechos Humanos, no se admitieran más recursos de amparo. Entraban demasiados y obstaculizaban el avance de la Justicia. También fue importante la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), porque significó el relevo de varias cúpulas en el país: del organismo judicial, del Ministerio Público, de la policía o de Gobernación. Trajo además la creación de los Tribunales de Mayor Riesgo, y yo creo que todo eso formó el contexto que permitió que casos preparados desde hacía mucho tiempo, como el de Ríos Montt, avanzaran.
- ¿Aportó la CICIG legitimidad internacional al sistema de Justicia que se estaba reestructurando en su país?
- Lo que pasa es que en Guatemala había la concepción de que no se podían hacer las cosas, y la Comisión lo primero que hizo fue romper eso, incidir en “sí se puede”. Coincidió con la creación de nuevos equipos de la policía con los que pudimos trabajar en un proceso integral y también llegaron fiscales jóvenes al Ministerio Público. La masacre de Los Pozos propició la rápida reacción de un equipo de fiscales y policías que logró enjuiciar a la cúpula de Los Zetas. Creo que esto tuvo un efecto en el resto de fiscales, con un compromiso aún mayor por su trabajo. Se sabían con el respaldo de que, si hacían bien su labor, la institución estaba con ellos.
- Y la ciudadanía también respondió.
- Sí, y produjo un cambio profundo, porque nosotrosnecesitamos de la colaboración ciudadana para preparar los casos. En la medida en que la confianza de la gente se incrementaba, también lo hacía nuestra capacidad
- Usted formalizó su candidatura para la reelección como fiscal general este año. Cuesta entender que, con su hoja de servicios, ni siquiera fuera incluida en la lista final de seis candidatos que una comisión presenta al presidente de la República.
- Deberían haber hecho la elección en base a méritos, y valorar la nota que yo presentaba. Era la segunda más alta de todas, y la primera vez [en 2010] fue la mejor. Pero no lo hicieron.
- Es decir, que los méritos no son la razón principal por la que se adjudican los altos puestos en el sistema de justicia de Guatemala.
Y Claudia Paz y Paz sonríe con gesto resignado. Al recordar cómo se le arrebató arbitrariamente la posibilidad de una reelección mantiene la misma serenidad que cuando me ha escuchado enumerar sus logros. Sabe que esos números y porcentajes son bastante más reales que la nota que pueda ponerle cualquier comisión evaluadora. Tienen una traducción directa, palpable, en la vida y en la muerte de muchas personas.
Como las decenas de supervivientes de la guerra civil que fueron a despedirla con flores en su último día de trabajo en la fiscalía. Dice que entonces recordó las palabras de una compañera: “Aquí lo importante no es cómo entras, sino cómo sales”.
Publicado el 29 de septiembre de 2014 en www.elmundo.es por José Gomar http://www.elmundo.es/america/2014/09/29/54293affe2704e3f528b4588.html
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