Las “joyitas” con las que el gobierno quiere tomar control del Poder Judicial

Brenda Anabella Quiñónez Donis (****)

Es actualmente magistrada de la CSJ, en sustitución de César Barrientos. Es la abogada de Juan de Dios Rodríguez en el IGSS (fue asesora del presidente del Seguro Social hasta el momento en que tomó posesión como magistrada) y, por tanto, su pieza central en el Organismo Judicial. Trabajó bajo las órdenes de Roxana Baldetti al principio de este gobierno y aunque ambas juran que están distanciadas, nadie les cree.

En los pocos meses que Quiñónez Donis lleva en la CSJ, logró el milagro de unir a los bandos históricos de esa Corte, en su contra, al extremo que dicha Corte en pleno presentó una denuncia ante la Honorable Junta de Disciplina Judicial por faltas leves, graves y gravísimas, cuyas sanciones aplicables van desde amonestación, suspensión, hasta la destitución, que es lo que pidieron todos los magistrados por unanimidad. No obstante, no ha trascendido la resolución de la Honorable Junta de Disciplina Judicial. Como si fuera poco, fue vetada por Carlos Castresana de la CICIG hace cinco años y mantiene una plaza fantasma en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Usac.

Guillermo Demetrio España (****)

Es magistrado de lo Contencioso Administrativo, alter ego y compadre del magistrado Luis Pineda, una pieza importante del oficialismo que quedó fuera de la nómina. Al ver que le era imposible pasar en el listado, Pineda activó su plan “b” y ese es Guillermo Demetrio España, su socio por años en múltiples actos de corrupción en el Organismo Judicial. 

Por su parte, Pineda afina su plan de asalto del Ministerio Público, confiado en la ascendencia que tiene desde hace más de 20 años sobre la fiscal general, Thelma Aldana, y desde allí quiere coordinar con su compinche España para tapar casos de corrupción del oficialismo y seguir vendiendo la justicia a los mejores y más corruptos y criminales oferentes.

Silvia Verónica García Molina (***)

Es magistrada de la Sala Segunda de Apelaciones de Trabajo y esposa del diputado del Partido Patriota Mario Santiago Linares García, representante de Baja Verapaz. Será un peón leal del oficialismo, aunque sin muchas luces. 

Mario Estuardo Gordillo  Galindo (*****)

Fue Procurador General de la Nación y lo echó el gobierno pasado por sus evidentes vínculos con las redes de adopciones ilegales. Tiene el respaldo en este gobierno del diputado Gudy Rivera, del Partido Patriota, expresidente del Congreso, y de señas familiares reconocidas en los sótanos inmundos de los negocios de adopciones. 

La esposa de Gordillo Galindo, Patricia Cervantes, apoya incondicionalmente al partido de gobierno desde el Tribunal Supremo Electoral.

Douglas René Charchal Ramos (*****)

Es magistrado de lo Contencioso Administrativo y canjeó apoyo de magistrados de Apelaciones. Forma parte de una estructura de negocios corruptos desde Puerto Quetzal brindándole asesoría, a partir de 2000, a Julio Girón (exsecretario privado de Alfonso Portillo), y a Leonel Montejo (su operador de negocios), con quienes sigue ligado y de quienes recibió financiamiento para su “campaña”. Ahora ha ampliado sus nexos hacia estructuras criminales vinculadas con Byron Lima, actualmente procesado por CICIG como cabecilla de una red de control ilegal en Presidios. Es más, Lima lo considera “su magistrado” en la próxima Corte Suprema de Justicia.

Douglas René es hermano de Víctor Manuel Charchal Ramos, que fue sicario del temido “Archivo” del Estado Mayor Presidencial, disuelto en 2003, e implicado en el asesinato de la antropóloga Myrna Mack en 1990. El nominado a magistrado mantiene sociedades ilícitas con Rolando Augusto Díaz y varios oficiales retirados que ocupan hoy día importantes cargos en el gobierno de Pérez Molina. 

Nery Osvaldo Medina Méndez (****)

Es magistrado de la Sala Regional Mixta de Petén. Pieza de canje que el magistrado Luis Pineda condicionó a cambio de su eliminación de la carrera a la reelección como magistrado de la CSJ. Tiene sus medallas al mérito a la impunidad, como haber liberado (en el caso del millonario desfalco del Ejército) al general Enrique Ríos Sosa, hijo del general Efraín Ríos Montt y hermano de la aspirante a la Presidencia de la República, Zury Ríos Sosa.

Blanca Stalling (***)

La jefa de la Defensa Pública Penal, parrandera, simpática, dicharachera y corrupta, es, ella misma, su principal operadora, y logró el apoyo de todas las corrientes, aunque se plegó convenientemente desde el principio al oficialismo, en especial a Gustavo Herrera, el operador que por encargo de Pérez Molina manejó todos los hilos de las negociaciones, extorsiones y amenazas durante este proceso.  

Stalling cayó en la lista negra de la Embajada de Estados Unidos por su sospechosa defensa de estructuras criminales de maras, no solo de mareros.

Elizabeth Mercedes García (***)

Magistrada de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo, entró como cuota de Gustavo Herrera, que fue cuota que a su vez le dio al decano Alfredo Cabrera.

Símbolos

(cómo leer las estrellas):

5 estrellas (en rojo): altamente peligroso para la justicia, por asociación con redes de corrupción y crimen

4 estrellas (en naranja): peligrosos por corrupción y obediencia a los capos

3 estrellas (en amarillo): favorecidos por redes de corrupción, potenciales 4 y 5 estrellas