¿Y los países de tránsito?

Desde febrero de 2012, cuando el presidente Otto Pérez lanzó la idea de despenalizar las drogas, mucho se ha debatido en el hemisferio y algo ha cambiado. Los cambios son más bien locales: los estados de Washington y Colorado aprobaron por voto popular el uso recreativo del cannabis; Uruguay impulsó una legislación para regular el mercado del cannabis; Bolivia denunció la Convención Única de Estupefacientes y volvió a adherirse con la reserva de no considerar ilegal el cultivo de la coca.

La resolución aprobada por la 46º Asamblea Extraordinaria de la OEA, el pasado día 19 en la ciudad de Guatemala, “Reflexiones y lineamientos para formular y dar seguimiento a las políticas integrales frente al problema mundial de las drogas en las Américas”, resume el último consenso: se aceptan distintos enfoques pero sin denunciar las Convenciones, pues el marco de cooperación internacional es insustituible; se adopta con preeminencia un enfoque de salud con énfasis preventivo y se exhorta a revisar la dureza de legislaciones nacionales que generan más problemas de los que resuelven. Es la “voz única” que llevará la región a la Asamblea Extraordinaria de la ONU en 2016.

Trabajando en el grupo de escenarios de la OEA hace un par de años, el profesor Francisco Thoumi, me dijo: en la redacción de las Convenciones de estupefacientes de la ONU dominó el enfoque de médicos que lidiaban con los efectos en la salud del consumo problemático de drogas, y por eso aconsejaron prohibirlas. Sin embargo, dice Thoumi, en un artículo que publicó el Ipnusac, “para ser consistentes, quienes consideran el único uso legítimo de las drogas psicoactivas, deberían estar continuamente promoviendo la prohibición del alcohol y el tabaco que más muertes y costos sociales generan” (Revista Análisis de la Realidad, año 3, núm. 58, 16/09/14, p. 110).

Thoumi invita a enfocar el problema también desde las ciencias sociales, que muestra que, desde siempre, “las sociedades han utilizado y utilizan drogas y otros sistemas para modificar su percepción de la realidad y estados de ánimo”. Por eso piensa que la solución no pasa por eliminar todas las drogas ilegales, pues la gente continuaría usando otras sustancias para lograr los mismos fines. Hay que “controlar –dice– para minimizar los costos que su consumo, producción y comercialización generan a la sociedad”. A este respecto el debate regional aún no tiene respuestas provisionales a la problemática de los países de tránsito, como Guatemala, que no sea la misma de hace 50 años. ¿Cómo minimizamos los costos sociales de la violencia, la corrupción y la ruina institucional?