Duro revés a poder paralelo

Por más que sea muy conocido el deplorable estado de las prisiones, no deja de sorprender cuando afloran detalles como los que dio a conocer el encargado de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, al informar  que solo por el movimiento de reos entre cárceles se podían cobrar miles de quetzales y por ello es que tampoco resulta extraño que Byron Lima Oliva haya sido sorprendido en más de una ocasión fuera del penal en el que cumplía una pena de 20 años por el asesinato del arzobispo Juan José Gerardi.

Lo más serio de los señalamientos en contra del ahora exdirector de Presidios  Édgar Camargo y  el  militar convicto es que ellos son los responsables de haber formado un imperio calculado en millones de dólares, el cual fue construido sobre la corrupción y que  llegó al extremo de hacer inoperantes  los principales centros de detención, por lo que  ahora lo  deseable es que se documenten adecuadamente esas acusaciones en los tribunales de justicia, para que el proceso no quede sin sustento.

En los operativos para desbaratar esta red criminal  arraigada en una parte sensible del sistema de seguridad nacional también fueron detenidos el ex subdirector de Presidios y la conviviente de Lima Oliva. Por su parte,  las autoridades del Ministerio Público fueron enfáticas en asegurar que la estructura  podría tener al menos 15 años de estar operando, lo cual tampoco es un dato que extrañe, pues cabe recordar que precisamente hace ocho años  murieron ocho reos  a los que se acusaba de ejercer el control en la cárcel de Pavón.

En torno de Lima Oliva  se han tejido varias acusaciones  que no habían   trascendido, como también sucedió en su momento con la red que motivó la  toma de Pavón, en el 2006, con el argumento de que   dirigía bandas criminales, lo cual solo ratifica lo que durante años se ha sabido acerca de los manejos ilegales que se llevan a cabo en estos supuestos centros de rehabilitación, que son más bien escuelas del crimen.

Resulta vergonzoso que en un país con tantas limitaciones en seguridad se  permitiera que durante tanto tiempo  una estructura criminal  haya operado y a lo largo de varios gobiernos, pues de hecho el lapso indicado ayer por la fiscal general  implica que al menos cinco directores generales de Presidios tuvieron conocimiento de esas anomalías y no cumplieron con su  obligación de denunciarlas.

Esto explica la degradación por la que atraviesa una parte importante del sistema de seguridad nacional, lo cual permite todavía plantear la duda razonable de lo que esta acción puede aportar en la reducción de los índices de criminalidad, ya que los poderes paralelos operan en más de un escenario.