Se desquebraja Ley de Vegetales

No se puede dejar de recordar que gracias a una unión contubérnica de  los partidos Patriota y Líder, esa tan con toda razón cuestionada ley se volvió realidad jurídica. Por eso llama la atención que apenas dos meses y medio de haberla engendrado, ahora sugieran cambios, en vez de lo que realmente procede; es decir, derogarla y luego comenzar a estudiar si en realidad se justifica, lo cual parece ser una tarea imposible.

La sociedad en su conjunto ha rechazado dicha ley, no solo por las circunstancias oscuras en las que fue aprobada, sino porque no está clara y puede desembocar en que el empleo de semillas deba ser pagado a empresas particulares, extranjeras o nacionales. Esto puede ser terrible en cualquier país del mundo, pero en especial en uno como Guatemala, cuya dependencia alimentaria podría estar en peligro al ser potencialmente afectados el frijol y el maíz, debido a que la ley sea mal aplicada, posibilidad que en Guatemala se convierte en una increíble realidad cada día.

Se ha hablado de dos posibilidades. Una, la de realizarle enmiendas a la ley, y otra, derogarla. La primera no tiene posibilidades reales, porque son muchos los cambios necesarios. Eso solo deja lugar para efectuar la segunda, y entonces comenzar una discusión nacional para decidir si vale la pena crear la normativa y analizar en cuántos países existe algo similar y, de encontrarlo, descubrir cuáles son las diferencias con el proyecto cuasisecreto aprobado tras bambalinas, causante de una muy desagradable y generalizada sorpresa.

En casos como el hoy comentado, se deben tomar en cuenta las motivaciones político electorales, tanto de quienes hicieron lo posible para aprobarla, dentro o fuera de la ley, o aquellos que ahora piden la erogación. El tema principal es decidir si es conveniente para el país, sobre todo con el ejemplo actual de la despiadada sequía, un fenómeno natural que con seguridad se repetirá a causa de los evidentes y predichos cambios climáticos provocados por la ingrata destrucción de recursos naturales en todo el mundo.

La sociedad, a través de sus diversas organizaciones y de personas individuales preocupadas por el bienestar general, necesita manifestarse con claridad cuando ocurren estos casos en los que son estirados los legítimos derechos de propiedad. Ya es posible que la actividad humana pueda terminar con la vida, no solo a  causa de las armas de destrucción masiva, sino de impedimento a la manera de vivir de los seres humanos. Todo esto deben tomarlo en cuenta los diputados cuando encaren la disyuntiva de derogar o simplemente hacer cambios a la norma.