Reviven los partidos

Entre berrinches, presiones, piruetas de güizache y usurpaciones divinas, los partidos se las están arreglando para reiniciar actividades y prender de nuevo la mecha de la campaña electoral.

Comenzar con tantos meses de anticipación no conviene ni al país ni a la mayoría de partidos: más meses de campaña significan más gastos y son muy pocos quienes tienen los recursos para aguantar ese drenaje.
Entre más contenida esté la campaña, el país ahorra en corrupción y los candidatos en esfuerzos de recaudación y compromisos. Sin embargo, para que la premisa fuera aceptada por todos los políticos, las condiciones deberían ser parejas para todos y eso es lo que no se ha logrado.

Por ejemplo, hay que retirar los rostros de todos los aspirantes a cargos públicos de vallas, paredes, postes, piedras y fachadas… pero también de la televisión y de las tarimas y salones de usos múltiples donde descaradamente se hace propaganda electoral disfrazada de actos gubernamentales.

Un poco de decencia de los principales involucrados arreglaría este zipi zape, pero al parecer, “un poco” es mucho pedir, digamos a don Alejandro Sinibaldi.

Y ese “poco” que no son capaces de conceder es el que revela la dimensión de la trampa política en la que se han convertido las elecciones.

Por ahí aseguran que los jaloneos en el partido de gobierno se resolverían más fácil si un posible rival del delfín designado –podría ser por ejemplo el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla– no tuviera que recaudar una cantidad tan estúpida de dinero para lanzar su candidatura.

Los montos de los que se habla ahora para cubrir los costos de una campaña –la última cifra que escuché, US$50 millones, me pareció aberrante– evidencian el círculo vicioso en el que hemos caído. En un país como Guatemala, ¿cuántos tienen acceso a esa fortuna? ¿Y quiénes pueden ser considerados “financistas” plausibles en esas condiciones?

El primer problema es que más allá de los empresarios tradicionales y los emergentes, los “padrinos” más evidentes en estas condiciones resultan ser capos de diversas mafias.

Nadie regala tanto dinero por caridad y amor al prójimo: aquí las “donaciones” son simplemente anticipos que enganchan negocios amarrados con el tesoro público.

Los costos ridículos de las campañas desatan una puja entre los intereses más turbios e inconfesables. El “apoyo político” luego se retribuye con contratos de infraestructura, compras de equipamiento, contratos de servicios.
Y como desde el principio la intención está viciada, el Estado hace malos negocios y los contribuyentes recibimos pésimo servicio. No importa la experiencia a la hora de trazar una carretera o levantar un puente, tampoco es crítica la calidad de los materiales. De hecho, mejor si la obra se cae o se deteriora porque así se podrá cobrar luego una reparación o ¡aleluya! la reconstrucción completa.

El ejemplo vivo lo tenemos en San Marcos: el techo del hospital de la localidad se desplomó en 2012 y luego, otra vez, en 2014, pese a que componerlo costó más de Q12 millones. ¿Y ahora? ¿Cuánto volverá a costar? ¿Habrá cargos criminales contra los responsables o fueron puros aspavientos?

Si nadie hace nada, vamos de nuevo hacia el Apocalipsis zombie de las elecciones de 2015. Nadie cree en la campaña, y paradójicamente, entre menos creemos, más tiempo tendremos que soportarla y más altos los costos en podredumbre institucional. ¿Es tan impensable que el TSE los haga callar a todos, pero a todos de verdad?