Olas de niños migrantes: si ponemos las cosas en su lugar…

Asumir el discurso del control migratorio no puede ser sino un cinismo político…
 
“Me voy porque aquí no se puede vivir, apenas se sobrevive. Luego, si Dios quiere, mandaré a traer a mis hijas”, decía Erika antes de irse para El Norte. 

Hace ya casi dos meses que el Gobierno estadounidense sonó la alarma: oleadas de niños no acompañados estaban siendo aprehendidos en su frontera sur. Desde entonces solo hemos escuchado cómo los medios, nuestros gobiernos, el de México, y la administración de Obama, han estado declarando que –ahora sí– no dejarán pasar a los migrantes indocumentados.

La semana pasada, C. Zardetto recordó los comentarios que hizo la Fiscal General Thelma Aldana diciendo que habría que criminalizar a los padres de estos niños por “ausencia de cumplimiento”. ¿Pero de dónde viene ese discurso político represivo y criminalizador?

El doctor Argán Aragón, en su reciente tesis doctoral dedicada a la migración centroamericana hacia Estados Unidos y a las respuestas políticas de México y de Estados Unidos –por cierto premiada como la mejor tesis del 2014 de la Universidad Sorbonne Nouvelle de París– muestra cómo todo este discurso de criminalización de los migrantes y de lucha contra los flujos migratorios indocumentados es una terrible y peligrosa hipocresía.

En entrevista, el doctor Aragón explica que las autoridades estadounidenses estuvieron viendo cómo el flujo de menores fue aumentando de manera constante en los últimos cinco años, y no hicieron nada al respecto. Y es solo ahora que alcanzaron un nivel mayor, que Washington decide utilizar el tema de los niños para reforzar más aún su frontera y obligar a los gobiernos de México y de Centroamérica a implementar –bajo control remoto– los esquemas de seguridad diseñados, implementados y cofinanciados por Estados Unidos.

Según el doctor, estos sistemas de fronteras empotradas buscan retener en los mismos espacios a las poblaciones empobrecidas, a las drogas (y al terrorismo). Esta frontera, comenta el investigador, “ya empezó a ser instalada, desde que hace un par de años, los migrantes centroamericanos indocumentados detenidos en medio del desierto de Arizona son identificados por los agentes de la Policía Fronteriza, a través de sus huellas dactilares gracias al acceso a los registros de población biométricos de los diferentes Renaps de Centroamérica, probablemente en nombre de acuerdos en materia de seguridad”.

¿Qué quiere decir esto? Que los patios traseros centroamericanos entregan el registro civil de los millones de guatemaltecos al Gobierno estadounidense, en nombre del ordenamiento y del aseguramiento de los flujos y de la lucha contra el terrorismo.

“Desde que se desató la crisis de los niños, Estados Unidos le está pidiendo –o exigiendo– a México y a Centroamérica ir más allá en la cooperación en materia de seguridad. El siguiente paso, será probablemente obligar al registro biométrico de toda la población infantil y la expedición sistemática de un DPI para menores.

Agrega: “Pero esto es muy peligroso, porque el efecto de la frontera es regalarle a los carteles de droga la exclusividad del tráfico migratorio, –a US$8 mil el cruce– una excelente fuente de financiamiento y de diversificación. Es decir es obligar a los indocumentados a pasar por las redes del Narco”.

Estados Unidos criminaliza la migración indocumentada por razones de política interna y de lógicas electorales populistas, pero calla que sus 12 millones de indocumentados –entre ellos poco más de un millón de guatemaltecos– son la base de su economía, de su agricultura, de su industria, y del confort de vida de centenares de miles de hogares sin la cual no podrían funcionar un solo día.

Nuestro débil Gobierno afirma ponerse activo contra los flujos migratorios, cometiendo el error de voltearle la cara a los migrantes, que se fueron por sus propios esfuerzos, y que con el sudor de sus frentes hacen vivir la mayoría de la población rural y urbana del país, siendo la válvula de escape sin la cual este país ya habría explotado. Los migrantes inyectaron US$5 mil 105 millones en el país en 2013 (según el Banco de Guatemala), o sea el equivalente de nueve por ciento del PIB nacional.

Asumir el discurso de control migratorio –en lugar de la exigencia de los derechos de los migrantes– no puede ser sino un cinismo político que no solo da la espalda a su población, sino refuerza la dependencia al estrechar la mano de quienes imponen políticas restrictivas y manejan este país como su traspatio.

Publicado el 21 de julio de 2014 en www.elperiodico.com.gt por Marcela Gereda
http://www.elperiodico.com.gt/es/20140721/opinion/251169/

No Responses

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.