Hay que cerrar filas a la violencia sexual

Pareciera que esa realidad es distante a contextos como Guatemala. Sin embargo, es todo lo contrario. Según un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de enero a junio se registraron 4 mil 205 casos de violación. El 34.32% de las víctimas tenían entre 1 año a 13 años. El 33.70% de los casos tenía entre 14 años y 18 años. Nueve de cada diez víctimas eran mujeres, según pública hoy Siglo.21.

La violación se ha empleado reiteradamente como arma tanto por sicópatas como por personas que en determinado instante no presentan desequilibrios mentales.

Este crimen somete a la víctima en un callejón lleno de estigmas. Sin la aceptación social, a muchas víctimas les consumen la vergüenza y el sufrimiento mental, además de quedar marcadas por las lesiones físicas. Tan corrosivo puede llegar a ser el estigma que en ocasiones continúa afectando a la siguiente generación: a los bebés que nacen de la violación, o a las familias de los supervivientes.

Con frecuencia, los afectados son niños y niñas de corta edad, cuyos cuerpos, mentes y futuro pueden quedar dañados irremediablemente. Lo más lamentable es que tanto el ministerio de Salud como el de Gobernación no cuenten con programas y personal especializado en asistir e investigar este tipo de delitos.

Sin un soporte gubernamental ni apoyo jurídico, muchas veces las víctimas no encuentran el apoyo económico, sanitario o psicológico que necesitan de cara a recuperarse de esta experiencia. Es lamentable que los hospitales y centros de salud públicos no cuenten con especialistas para asistir a las personas vulneradas. Asimismo que en el sistema judicial no existan procedimientos ni servicios que faciliten a la víctima afrontar los procesos judiciales que implican la denuncia. Los trámites de identificación, acusación y juicio oral son siempre dolorosos porque obligan a revivir una experiencia humillante y traumática. Por eso es importante revisar y reforzar las medidas encaminadas a acompañar a las víctimas para reducir en lo posible los efectos negativos de la victimización y aumentar al tiempo la confianza en el sistema, de modo que no queden violaciones impunes porque no se denuncian.

Cada vez que ocurre uno de estos crímenes y la población y las autoridades se quedan de brazos cruzados, se establece un precedente de que la violencia sexual se puede llevar a cabo con impunidad.

Si conseguimos destruir la impunidad en los casos de violencia sexual, entonces podemos acelerar el cambio hacia este tipo de abusos que depravados o sicópatas cometen con víctimas indefensas.