Acciones que no se deben tolerar

A los ataques con granadas que se han registrado en las últimas dos semanas y que ya representan afrentas muy serias contra la autoridad legítimamente constituida, ayer se sumó otro episodio que desnuda la debilidad institucional: el virtual atrincheramiento de un grupo de los más peligrosos pandilleros recluidos en la cárcel de Fraijanes 1, quienes se resisten a salir de sus celdas para ser conducidos a las audiencias de procesos que enfrentan por diversos delitos que han cometido.

Resulta inconcebible que un grupo de facinerosos, entre quienes se encuentran asesinos convictos, quieran y puedan poner condiciones a las autoridades, pues implica que todo el sistema se puede convertir en una especie de caricatura en la que cualquier delincuente impone su ley. Eso es lo que ocurre en esta ocasión, en la que la misma justicia está pidiendo la respectiva ayuda de las autoridades del Ministerio de Gobernación para que aplaquen esa intolerable postura que la ciudadanía atestigua atónita.

Por lo que más se debe atender ese clamor del tribunal que lleva el juicio contra estos pandilleros es porque desde estos penales se siembra la zozobra en el país, principalmente con las extorsiones, que siguen generalizadas, así como la coordinación de hechos terroristas, como los ocurridos en la zona 18, cuando fueron atacadas con armamento de uso exclusivamente de los militares empresas distribuidoras de bebidas, presuntamente por resistirse a cumplir con esas bochornosas imposiciones por parte de los antisociales.

La extorsión se está convirtiendo en un auténtico calvario para miles de guatemaltecos que quedan expuestos a una actividad delictiva que está desbordando a las autoridades, y debido a su frustrante combate es que cada día ocurren ataques arteros en todo el país, algo que había empezado con empresarios y conductores del transporte, muchos de los cuales han pagado con su vida cuando no se cumplen las criminales demandas. Ante ese panorama, resulta ingrata la propaganda oficial en la que se exalta la seguridad, porque es obvio que todavía falta mucho para que sea una realidad.

Está claro que aún es largo el camino que queda por recorrer en materia de seguridad y que el Gobierno ha intentado toda una batería de medidas, algunas funcionales, otras francamente absurdas e inoperantes, como la implementación del chaleco para motoristas o los retenes policiales que a menudo se prestan a las exacciones contra particulares. Más que publicidad o elogios, lo que la actual administración necesita, en los 18 meses restantes, es enfocarse en contrarrestar ataques espectaculares como los de la zona 18 o en no tolerar caprichos de los mareros.