PHILLIP CHICOLA
Se reinventan las formas de acceder a riqueza desde el poder. El Estado de Guatemala es efectivo en cumplir una función: constituir un árbitro gestor de oportunidades de riqueza. Para ello, existe un sinfín de prácticas para acceder a fortuna desde el poder. Pero esas formas y prácticas evolucionan y se modernizan. Ahora, la corrupción es más sigilosa, difícil de rastrear y compleja de probar en tribunales.
Hoy el método más utilizado es la sobrevaloración en la proveeduría del Estado. Para ello, se explotan las áreas grises de una obsoleta Ley de Contrataciones. El primer mecanismo es la compra por excepción, que le permite a la unidad ejecutora seleccionar –sin reparo ni competencia– al proveedor. Este Gobierno ha abusado de esta modalidad, principalmente en Gobernación y Comunicaciones. Otra alternativa es el fraccionamiento, es decir, segmentar la adquisición vía compras directas por montos menores a Q90 mil, y así obviar el carácter competitivo de la licitación. Aquí la Secretaría de Comunicación, Salud y el IGSS son expertos en recurrir a esta modalidad. También existe la colusión: que varios proveedores, vinculados entre sí, presenten ofertas dirigidas a beneficiar a uno en particular. Este modelo es común en eventos de obra pública y en alcaldías.
Para materializar los casos anteriores, se paga comisiones a funcionarios y burócratas. Generalmente, las coimas empiezan con el servidor público que solicita la compra, la autoridad de la unidad o el director administrativo, para que se levante el evento y se elaboren bases con requisitos dirigidos a favorecer a un proveedor. Luego, al jefe de Compras y las juntas calificadoras que toman la decisión. Y en los últimos años, dada la limitada liquidez, se paga comisiones a directores financieros e intermediarios que agilizan los pagos. El problema es que las coimas se sufragan en especie: vía inmuebles, vehículos o depósitos a sociedades anónimas cuyo representante es un testaferro sin vinculación con el funcionario.
Otras formas incluyen sobornos a encargados de emitir licencias y autorizaciones. Los Estudios de Impacto Ambiental son el gran botín en Ambiente; como las normas y regulaciones en Salud. A nivel micro, en el IGSS, recién se descubrió una red que alteraba registros para acceder a pensiones o aumentar su monto. En Salud, el robo de medicamentos e insumos es común entre el personal.
También está el cobro de diezmos. Diputados que chantajean a funcionarios del Ejecutivo a cambio de plazas para sus seguidores. Pero, a cambio de esa plaza, el diputado cobra un porcentaje sobre el salario del beneficiado. Caso similar ocurre con autoridades sindicales y el cobro de comisiones sobre aumentos salariales a sus afiliados.
Ante la complejidad de estas y otras formas más oscuras de corrupción, la receta para combatirlas es seguir la ruta del dinero. Esto requiere de una Intendencia de Verificación Especial y un Ministerio Público dispuestos a investigar enriquecimiento ilícito y testaferratos.
Publicado el 17 de junio de 2014 en www.elperiodico.com.gt http://elperiodico.com.gt/es/20140617/opinion/249366/
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