Sindicalismo estatal y pactos colectivos

HUGO MAUL R.

El estudio del CIEN titulado La Amenaza de los Pactos Colectivos en el Sector Público, presentado la semana pasada, tiene como principal objetivo despertar la conciencia de la ciudadanía respecto de los riesgos que implica continuar con las prácticas existentes en esta materia. Prácticas que ponen en riesgo la deteriorada salud de las finanzas públicas; entorpecen y encarecen la adecuada administración del recurso humano dentro del sector público; impiden la gestión pública orientada hacia resultados, y limitan la posibilidad de mejorar la calidad y efectividad de los servicios públicos que recibe la población. En ningún momento, como algunos personajes lo han querido hacer ver, el estudio pretende negar la libertad y el derecho a la sindicalización, principios consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, mucho menos eliminar el derecho de los trabajadores a demandar mejores condiciones de trabajo. El estudio en cuestión busca que, dentro del ordenamiento jurídico existente, políticos de turno y líderes sindicales rindan cuentas por sus actos y muestren mayor transparencia, seriedad y responsabilidad dentro de los procesos de negociación colectiva de condiciones de trabajo.

Es necesario que la ciudadanía comprenda que, detrás de la supuesta defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Estado, se esconden poderosos y perversos incentivos que gravitan en su contra; que se comprenda que la administración del recurso humano dentro del sector público requiere de un enfoque integral en donde se consideren muchos más elementos que las puras remuneraciones, bonos y beneficios no salariales. Es importante que se reconozca que quienes negocian en nombre de la población no siempre tienen los incentivos correctos para adoptar posturas fuertes en favor del interés general. Al no estar comprometido su patrimonio propio, es difícil que un funcionario que negocia un pacto colectivo por parte del Gobierno adopte una postura congruente con la defensa del bolsillo de los contribuyentes. Lo mismo sucede cuando las usuales peticiones derivadas de dichos pactos se elevan a instancias más altas como el Ministerio de Finanzas o el Consejo de Ministros. Al final de cuentas, al igual como sucede muchas veces en el ámbito político, el ciudadano queda completamente desprotegido ante el juego de intereses que ocurre durante las negociaciones de pactos colectivos dentro del sector público. Con una pequeña diferencia, en el caso de los políticos, los votantes tienen la capacidad de sacar de las posiciones de autoridad a quienes abusan del poder. En el caso de los sindicatos del sector público, tal mecanismo de control democrático está vedado a la población, a quien no le queda más que asumir los costos financieros y administrativos de las decisiones que otros toman, supuestamente, en su beneficio.