Límites al sindicalismo estatal

HUGO MAUL R.

Lo que hace algunos años hubiera parecido una total exageración, hoy en día es una realidad. Bajo las condiciones actuales, con cada nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo que se negocia dentro del Estado más se acerca el día en que el proceso sea insostenible. La continua ampliación de beneficios, privilegios y aumentos salariales a los sindicatos de empleados públicos puede llevar a la quiebra a cualquier Estado. En el actual contexto institucional, dichos pactos son negociados por autoridades políticas que no cargan con las consecuencias de sus decisiones. Para el político que negocia en nombre del Gobierno es más fácil conceder todo lo que pide un sindicato estatal que correr el riesgo de sufrir medidas de hecho, sobre todo si se trata de paralización de servicios públicos básicos. En virtud de esta debilidad, no hay razón alguna para que el liderazgo sindical estatal modere sus exigencias frente a los políticos que transitoriamente detentan el poder. Poco importa a cada una de las partes lo que tales pactos pueda representar para la ciudadanía, ya sea en términos de los recursos públicos que deben quitarse a otros renglones presupuestarios, programas y proyectos para atender estas obligaciones; el nuevo endeudamiento en el que deberá incurrirse para hacer frente al nuevo gasto; o el aumento o creación de nuevos impuestos para pagar los compromisos financieros resultantes.

Una perversa alineación de intereses en contra del bienestar general. Una negociación dentro de la cual no existen las condiciones para introducir elementos mínimos de racionalidad económica dentro de la negociación. Al final de cuentas, una vez adquirido el compromiso, al político de turno no le queda más que honrarlo mientras esté en el poder; “los que vengan atrás que arreen”. Lamentablemente, a quienes les toca “pagar los platos rotos” es a los contribuyentes, quienes son los que al final deberán pagar con sus impuestos la factura resultante. En este juego, los compromisos de gasto adquirido dentro de los pactos colectivos se convierten en una deuda perpetua para los contribuyentes. Una deuda que nunca se termina de pagar. A todas luces, una práctica que atenta contra los principios democráticos de nuestro sistema jurídico: políticos de turno y sindicalistas estatales crean obligaciones tributarias futuras para los contribuyentes, sin haberlos consultado previamente y sin haber pasado por el Congreso. Es tiempo de repensar la figura de la sindicalización de los trabajadores del Estado e introducir elementos que den una racionalidad económica mínima a la negociación de pactos colectivos dentro del Estado. De no hacerse, y de continuar la tendencia actual, muy pronto será imposible hacer frente a los compromisos financieros derivados de dichos pactos. Además, de las consecuencias negativas que dichos pactos tiene tienen sobre la operación efectiva y eficiente del sector público y la gestión del recurso humano.