Luis Felipe Valenzuela
Conocí a Erwin Sperisen cuando fungió como director de la Policía Nacional Civil. En su faceta de fuente, siempre estuvo abierto a contestar preguntas, por incómodas que fueran. Igual a su entonces jefe, Carlos Vielmann, solía dar la cara y parecía convencido de lo que buscaba. A ratos, hasta daba la impresión de disponer de un verdadero plan. Sin embargo, en su discurso no encajaba la visión institucional propia de un policía de carrera, pues no era su oficio. En realidad, más bien proyectaba la imagen de un adolescente que jugaba a Rambo, pero que se divertía en medio de la presión que conllevaba su puesto.
Confieso que me caía bien. Y, por ello, siento pena por lo que enfrenta y también por lo que carga su familia en este terrible momento. Me ubico ahora en 2006. Cuando empecé a oír acerca de los procedimientos anómalos supuestamente utilizados por las fuerzas de seguridad de aquellos tiempos, pensé que la exageración marcaba los rumores. Fui de los que aplaudió la toma de Pavón. Pero también recuerdo que esa misma mañana, las dudas razonables acerca del operativo empezaron a emerger.
Por ello, luego de la condena a cadena perpetua emitida por el Tribunal de Ginebra contra Sperisen, me es imposible abstraerme del hecho. Empecemos por la victimización de que es objeto el exjefe policial. En algunos casos, lo elevan a la categoría de héroe. Mi opinión es que solo puede defendérsele si las pruebas en su contra no son contundentes, o si hubiera, por ejemplo, una mala intención deliberada y comprobable de la justicia suiza.
Habrá que analizar bien el proceso. Pero no podemos ignorar que el sistema judicial ginebrino no es como el nuestro. Por más defectos que tenga, ni por asomo es la caricatura grotesca que nos toca padecer en las cortes guatemaltecas. Argumentar que después de esa condena ningún jefe de policía se atreverá a enfrentar con decisión a los criminales tampoco me parece válido.
De nada sirven las fuerzas de seguridad cuando actúan al margen de la ley si es a eso a lo que se refieren quienes así piensan. ¿O acaso no es de eso de lo que tanto nos quejamos cuando un agente de la PNC nos asalta? No encuentro ningún pretexto basado en la ética que justifique una ejecución extrajudicial. Aunque se proclame que es en defensa de la sociedad. Y si se cacarea que queremos vivir en un estado de derecho, esto no es aceptable bajo ningún punto de vista.
Es cierto: uno tiene que admitir, con horror, que abundan los desalmados cuya sociopatía es irredimible. Para eso precisamente urge invertir en un sistema penitenciario que contribuya de verdad con la cadena de justicia y que disponga de las herramientas mínimas para hacer el intento de rehabilitar a un reo. Asimismo, para evitar que este, desde la cárcel, siga delinquiendo. Comparar al pandillero que roba, secuestra, mata y viola, pero que el sistema judicial de Guatemala deja libre, con el jefe policial sentenciado de por vida por un tribunal “manipulado por la CICIG” es tan amañado como revelador. Amañado, porque la comparación es burda.
Tan criminal es una autoridad cuando mata como un marero cuando asesina. Es más, resulta peor el representante del Estado, por llevar esa investidura. Si Sperisen es responsable de ejecuciones extrajudiciales, todo el peso de la ley debe caer sobre él. Sin discusión. Si es inocente, la justicia debe liberarlo. Sin discusión. Y, para ello, lo único que han de contar son las pruebas. Nada más. Está claro que aquí, con los mismos elementos probatorios, Sperisen no hubiera sufrido condena alguna. En Europa habrá una segunda instancia para que sus abogados busquen revertirle la cadena perpetua. Es su derecho.
Por ahora, lo que me queda de este episodio es esto: aquí la violencia ha sido de tal magnitud, y la impunidad que la acompaña de semejante descaro, que sin rubor hay quienes proclaman que la limpieza social es necesaria. Y eso es preocupante, por predecible y comprensible que sea. Y patológico.
Creer que en la delincuencia funciona aquello de que matando al perro se acaba la rabia es perversamente ingenuo. Lo cual tampoco significa que se trate a los maleantes con delicadeza y dulzura, como algunos pretenden plantear, apelando con cierta ponzoña al hartazgo que esta sociedad vive por los diarios velámenes del hampa. Lamentablemente, no existen rutas fáciles para terminar con la criminalidad. Alcanzar avances en esa materia conlleva trabajar en aspectos como la exclusión y la pobreza. Nos guste o no. Y vencer la podredumbre moral que deja la corrupción. Yo no soy quién para juzgar a Erwin Sperisen. Para ello se conformó un tribunal en Ginebra.
Pero, sea culpable o inocente, no apoyaré jamás a un funcionario de seguridad que, para lograr resultados, decida matar a quienes él, o sus allegados, considere lacras sociales. Eso es primitivo e irracional, por práctico que parezca. No más barbarie. El Estado es el primero que debe respetar la ley. Siempre. La ley no es negociable.
Publicado el 10 de junio de 2014 en www.publinews.gt http://www.publinews.gt/index.php/luis-felipe-valenzuela-90/
No Responses