Ni prolongación ni reelección

Prolongar el periodo de gestión de los funcionarios públicos es lo más absurdo que pueda existir en la actual coyuntura, y erosiona los pilares de la democracia y prepara el camino a una dictadura.

Simplemente, imagínese si Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Óscar Berger o Álvaro Colom se hubieran quedado por más de cuatro años en el cargo ¿acaso no hubiera sido una pesadilla?

Hace algunos meses conversé con algunos exconstituyentes y me manifestaron que el sentido de prohibir la reelección en la Carta Magna era impedir que cualquiera que fuera electo democráticamente se perpetuara en el poder. Esto, por la tradición dictatorial del país y que algunos políticos son fanáticos de ese esquema que tanto daño hizo a las mayorías.

El artículo 187 de la Constitución establece que “la persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de Presidente de la República por elección popular, o quien la haya ejercido por más de dos años en sustitución del titular, no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. La reelección o la prolongación del período presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley”. El artículo 281 del texto de marras señala que “en ningún caso pod rá reformarse ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia a los artículos que ordenan la alternabilidad en el cargo. Así como, tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido”.

Algunos diputados oficialistas y de la oposición aseveran que lo que se les olvidó a los constituyentes fue establecer que ese artículo (el 281) no era reformable. Manifiestan que basta con modificar ese artículo y ya no habrá tal prohibición ¿A qué diputado no le interesa mantenerse dos años más en el cargo? Replican. En 1993, Jorge Serrano, como aprendiz de sápatra, dio un golpe de Estado. Otto Pérez jugó un papel relevante en su derrocamiento por considerar que violaba la Constitución. Hoy parece que él busca emular a Serrano al intentar prolongar el periodo a seis años y establecer la reelección.

Estar más tiempo en el ejercicio de un cargo público no es sinónimo de eficiencia o transformaciones sociales. Casi la mitad de los alcaldes y diputados se han mantenido en el cargo por décadas y aún así no han conseguido beneficio alguno para la población ni para el país.

Desde hace varios meses se viene mencionando que el periodo presidencial de cuatro años es muy corto para realizar transformaciones. El argumento es falaz porque ningún gobierno es electo para resolver los problemas del país. Lo que busca la población en cada período es que los funcionarios establezcan estrategias que faciliten el funcionamiento del aparato estatal. Sin embargo, los politiqueros han visto tan atractivo el negocio que prefieren quedarse para siempre lucrando con los recursos del Estado.