Dos años más…

Phillip Chicola

Primero, es el mandatario con el índice más alto de popularidad al tercer año, aun a pesar del desgaste de Gobierno. Segundo, aún mantiene la capacidad de alinear al Congreso para aprobar de urgencia cualquier legislación, sin importar si la normativa es polémica o inconstitucional. Tercero, en el marco del proceso para elegir Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, prácticamente ningún juez o magistrado se atreverá a resolver con lugar un amparo o un antejuicio por violación a la Constitución, dado su interés de ser reelectos en octubre próximo.

Cuarto, si la propuesta de ampliar el mandato incluye a diputados y alcaldes, no solo se minimiza el potencial de oposición en el Congreso, sino que además, se obtiene el apoyo de las bases de líderes locales, clave para obtener una mayoría en la Consulta Popular. Quinto, no se vislumbra que algún actor relevante –quizá con excepción de Lider– tenga el incentivo de movilizar recursos políticos y financieros para una campaña en contra de la reforma. Sexto, dado el temor que genera a nivel urbano una posible victoria de Baldizón, se pretende apelar a una salida extra-institucional para cortar de tajo tal escenario. Séptimo, la comunidad internacional se ha hecho de la vista gorda ante procesos similares en Nicaragua, Colombia, Ecuador y Venezuela, así que no hay riesgo de una ruptura regional. Octavo, ante la inminente aprobación de bonos del tesoro, habrá disponibilidad de recursos para sufragar los Q300 millones de una Consulta.

Los únicos enigmas se plantean en torno a las instituciones de control. ¿Cuál será la postura del Tribunal Supremo Electoral una vez reciba la convocatoria a una Consulta? ¿Cómo resolvería la Corte de Constitucionalidad una eventual impugnación? ¿Tendremos un TSE y una CC con la virtud de aquellas que se plantaron ante las Normas Temporales de Gobierno de Serrano? ¿O será que la cooptación de instituciones ha llegado a tal nivel que los controles son inexistentes en el país?

Sortear esos dos obstáculos le permitiría al Gobierno enfrentar lo político a lo constitucional. El debate sobre si esta aventura implica una “prolongación de mandato” o una violación al principio de “alternancia en el ejercicio del poder” quedaría en el segundo plano, pues el plan es anteponer la alineación de factores políticos a la discusión jurídica.

Generalmente, en Guatemala el “marco de la legalidad” se utiliza como sombrilla para pasar por encima de la “legitimidad”. Todo parece que en esta aventura el plan es invertir los papeles: construir una falsa legitimidad para sortear los obstáculos constitucionales.