Esas acciones las emprendió la CGC con base en los hallazgos durante la auditoría efectuada al Presupuesto General de Gastos del 2013 y auditorías especiales de junio del mismo año al presente mes.
El informe, que fue entregado ayer al presidente del Congreso, Arístides Crespo, por parte de la contralora, Nora Segura, revela que de las 97 querellas presentadas, 43 son contra alcaldes y corporaciones. Destaca que hay siete contra el jefe edil de Quetzaltenango, Jorge Barrientos.
También hay 28 denuncias contra funcionarios de varios ministerios, entre ellos la exministra de Ambiente, Roxana Sobenes, por la adjudicación de un contrato de Q47 millones; en Cultura y Deportes, una de Q16 millones por la contratación de juegos mecánicos.
Otra querella es contra la junta directiva del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) por Q44 millones, que adjudicó un estudio de factibilidad para el proyecto hidroeléctrico Xalalá. Entre los denunciados está el ministro de Energía y Minas, Érick Archila.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tiene tres denuncias penales: la primera, contra del exgerente Arnoldo Adán Aval Zamora, por arrendamiento de un inmueble por Q14 millones sin autorización de la junta directiva; la segunda, porque el jefe de compras del hospital de Totonicapán benefició a la empresa de un familiar con contratos por Q800 mil. La tercera es por compras sobrevaloradas por 694 mil para su departamento de mantenimiento.
La CGC también emitió cinco mil 95 sanciones pecuniarias, de las cuales mil 912 fueron contra alcaldes, sus corporaciones y empleados municipales.
Mil 563 sanciones fueron emitidas contra las entidades gubernamentales, entre ellas ministerios y secretarías, entidades descentralizadas y autónomas.
Segura explicó que las sanciones emitidas obedecen al fraccionamiento en la compra de bienes y servicios, aplicación incorrecta de renglones presupuestarios, incumplimiento en cláusulas de contrato, fallas en la publicación en Guatecompras, incumplimiento de normas y disposiciones legales y operaciones pendientes de regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).
No se dejan fiscalizar
Entre las entidades que no se dejaron fiscalizar figuran las municipalidades de Tucurú y Lanquín, Alta Verapaz. Según Segura, prefieren pagar la multa que evidenciar los vicios que cometen en el manejo de los recursos públicos.
También la Universidad de San Carlos (Usac), cuyas autoridades han sido denunciadas desde el 2012, pues cuando los auditores intentan ingresar, esa casa de estudios es tomada por estudiantes.
Segura indicó que durante el período auditado se anularon 19 eventos de licitación por Q633 millones. Esos se lograron suspender porque se constató que no se seguía el procedimiento legal.
A la vez se reporta que del 2012 al 2013 se promovieron 206 juicios, también hubo 14 sentenciados y 57 casos donde fueron absueltos los acusados en segunda instancia.
Segura señala que se presentaron 362 juicios económicos coactivos derivados de sanciones, de los cuales hubo sentencia en 65 de ellos por Q18.6 millones, mientras que en proceso hay 30, 61 fueron admitidos y se aprobaron 206 medidas coercitivas.
Por aparte se indica que de los juicios económicos coactivos derivados de sentencia se reportan 70 procesos por Q18.4 millones.
Último informe
Este es el último informe que presenta Segura, debido a que próximamente dejará el cargo, por haber cumplido cuatro años. Según la funcionaria, su período concluye el 9 de junio, y no el 13 de octubre, como se tenía previsto, ya que su nombramiento fue hecho por el Congreso.
DIEZ CASOS DE MAYOR IMPACTO POR MALA ADMINISTRACIÓN
Planta de tratamiento
Por Q47 millones 22 mil 337.74 fue denunciada, el 12 de diciembre del 2013, la exministra de Ambiente Roxana Sobenes y la junta calificadora del evento “Construcción fase II, planta de tratamiento de aguas residuales San Benito, Petén”.
El motivo de la denuncia fue por haber favorecido la adjudicación del proyecto a una empresa española y el incumplimiento de esta con los requisitos de las bases de licitación.
Prensa Libre denunció el 11 de noviembre del 2013 que la CGC pedía anular el proceso.
Hidroeléctrica Xalalá
Q44 millones es la denuncia penal contra el Inde por una adjudicación.
La CGC encontró irregularidades en el proceso para la contratación de un estudio de factibilidad geológica, geotécnica, sísmica y geofísica del proyecto hidroeléctrico Xalalá, gestionado por el Inde.
Por la anomalía fueron denunciados en el Ministerio Público el presidente del consejo directivo, director titular del consejo directivo, director suplente del consejo directivo, gerente general, gerente de desarrollo del proyecto, gerente financiero, jefe de asesoría jurídica y el jefe del departamento de asesoría jurídica.
Los alcaldes y concejos de los períodos administrativos 1996-2000, 2000-2004 y 2012-2016 de San Miguel Petapa fueron denunciados por la Contraloría.
Juegos mecánicos
El motivo para que la CGC accionara es la suscripción de un contrato administrativo para el cobro del impuesto único sobre inmuebles (IUSI), por Q36 millones 573 mil 226.30.
El proceso, según la denuncia, violentó los artículos 154 de la Constitución Política de la República y el artículo 2 de la Ley del IUSI.
Q16 millones Dirección del Deporte y la Recreación, del Ministerio de Cultura.
Hospital de Ginecología
Por Q14 millones 118 mil 262.26 fue denunciado el exgerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Arnoldo Adán Aval Zamora (en la foto).
Según la Contraloría, hubo irregularidad en el proceso de contratación y arrendamiento de un inmueble utilizado para el Hospital de Ginecobstetricia del Seguro Social.
Nora Segura explicó que Aval Zamora aprobó él solo el alquiler del inmueble, y no requirió a la Junta Directiva del IGSS, la máxima autoridad de esa institución.
Codede de Guatemala
Q12 millones por no asignación y abandono en construcción de obras.
El Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Guatemala fue denunciado por Q12 millones 350 mil 817, debido a que no efectuó la reprogramación de saldos de proyectos.
Según la Contraloría, esa acción originó que una obra que ya estaba iniciada quedara abandonada, porque no le fueron asignados recursos, pese a que esta recomendó a la resolución de aprobación de reprogramación de obras.
Por este caso fue denunciado el jefe financiero del consejo de Desarrollo.
No registran donación
La Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) fue denunciada por la Contraloría por Q10 millones 77 mil 656.27.
La CGC reveló que la Seprem no registró ese monto, producto de un donativo, en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y, además, realizó una ejecución sin control del dinero.
La denunciada penal en el Ministerio Público fue la representante de la Red de la No Violencia contra las Mujeres ante el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones.
Construcciones
Q10 millones a una asociación por incumplimiento del contrato
La Asociación para el Desarrollo Social Integral fue denunciada por el manejo de Q10 millones 757 mil 558.41, por el incumplimiento de contrato y convenio, en cuanto a la forma de pago, por el registro de cajas fiscales de cheques emitidos a nombre de personas particulares, bancos, empresas, y no de la empresa constructora, con la cual se suscribió el contrato de la ejecución de obra.
Por ese caso fueron denunciados el presidente, el representante legal, el tesorero y el secretario de la asociación.
No se dejan fiscalizar
En Alta Verapaz, las municipalidades de Lanquín y Tucurú se negaron a rendir cuentas del presupuesto asignado y ejecutado.
La contralora Nora Segura afirmó que la falta de rendición de cuentas de los alcaldes origina denuncia penal, además de sanciones. “Ellos tienen la obligación de rendir cuentas a la Contraloría y de transparentar, para que den a conocer en qué gastan los recursos del Estado”, aseguró.
Los funcionarios se niegan a proporcionar información. El Ministerio Público ya investiga.
San Sebastián, Retalhuleu
Q1.8 millones es una transacción dudosa que se atribuye a comuna.
La contralora explicó que el exalcalde de San Sebastián, Retalhuleu, vendió un terreno propio en Q2 mil 500 a un tercero, y luego la
Municipalidad aprobó la compra del mismo inmueble pero por Q1 millón 81 mil 500.
Por ese caso fueron denunciados el exalcalde, exconcejal I, exconcejal II, exconcejal III, exconcejal IV, exconcejal V, exsíndico I y exsíndico II, de la corporación que fungió en el período pasado.
El delito se tipificó como caso especial de estafa en la Dirección de Infraestructura.
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