El Congreso debe decidir si aprueba el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por US$280 millones, y el contrato con la empresa Sigma Constructores, que se incluye en la propuesta que enviará el Ejecutivo.
Los recursos del préstamo están contemplados dentro del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), para ampliar a cuatro carriles la ruta CA-2 Oriente desde Escuintla hasta la frontera con El Salvador.
El crédito aún no figura en la agenda del Congreso, según Juan José Porras, jefe de la bancada del Partido Patriota (PP), el tema podría ser conocido durante el receso legislativo. La Comisión de Finanzas de ese organismo del Estado “desconoce el destino del préstamo”. El presidente de esa sala de trabajo, Gudy Rivera, quien también pertenece al PP, esquivó el cuestionamiento y aseguró que “chequearía” si hay créditos por dictaminarse.
Ricardo Saravia, representante de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo) e integrante de la Comisión, refirió que únicamente conoce información por medio de prensa y declaraciones del presidente Otto Pérez Molina.
La semana anterior, el préstamo recibió la opinión favorable de la Junta Monetaria (JM), únicamente el representante de la Universidad de San Carlos (Usac) votó en contra, debido a que manifestó dudas sobre el crédito y, además, por ser la primera sesión de ese ente en la que participó, luego de ser electo en marzo pasado por el Consejo Superior Universitario.
Ahora el Ejecutivo deberá trasladar la iniciativa que incluye, además de la aprobación de la deuda, el contrato que a solicitud del Gobierno se firmará con Sigma Constructores.
| Los congresistas tienen en sus manos la decisión de aprobar el contrato del préstamo por US$280 millones. |
El dictamen a favor debe tener ocho votos de 15 integrantes de la Comisión de Finanzas, número que el Ejecutivo obtendrá fácilmente, porque ocho son los representantes del partido oficial en ese comité.
Honrar contratos
La decisión de contratar a Sigma Constructores se debe a que tiene los contratos en la ruta CA-2 Oriente desde hace más de dos décadas, explicó Alejandro Sinibaldi, titular del CIV. “Son contratos que están vigentes y se han renovado, por lo que no se puede licitar una obra sobre contratos existentes”, dijo.
Sinibaldi señaló que el único mecanismo legal para ejecutar la ampliación de la obra era encontrar el financiamiento a los contratos existentes: 127-88, 347-2000 y 397-2008 que tiene la Dirección General de Caminos.
“Pero es potestad del Congreso autorizar el financiamiento y el contrato”, afirmó al reconocer que existe un adeudo con la empresa que ha ejecutado las obras y mantenimiento en esa ruta.
Contratación directa
El BCIE cofinanció la ampliación en la ruta CA-2 Occidente con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, con un monto de US$400 millones. En un proceso de licitación el proyecto se adjudicó a la brasileña Odebrecht, dijo Erick Coyoy, exdirector de país del BCIE.
“Cuando el Congreso aprobó el préstamo para la Franja Transversal del Norte incluyó la contratación de la empresa Solel Boneh”, pero ahora el Ejecutivo es el que propone una empresa con una contratación directa, explicó Coyoy.
El préstamo está por enviarse al Congreso en los próximos días.
“Se debe mantener el principio de los contratos y no se tiene alternativa para ejecutar la obra ”.
Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones
Atados a contratos
La aprobación del contrato con Sigma Constructores obligaría al Estado a pagar la deuda durante 20 años, para financiar los contratos existentes 127-88 que ha tenido seis ampliaciones sin utilizar la Ley de Compras y Contrataciones; los contratos 347-2000 y 397-2008, que fueron incluidos en 2012 dentro del informe de compromisos de obra ejecutada no pagada del Ministerio de Comunicaciones. Sigma Constructores ha ejecutado cerca de Q2.1 millardos, según el portal Guatecompras.
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